Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Lunes 28 de abril de 2025, p. 7
Al menos 20 áreas y puestos dentro de la administración pública federal son altamente vulnerables a actos de corrupción, de acuerdo con un reciente estudio del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La investigación confirma la persistencia de prácticas irregulares en sectores como compras públicas y migración, y revela que los propios Órganos Internos de Control (OIC), diseñados para prevenir y sancionar la corrupción, son las más susceptibles de caer en ella.
El informe Estudio sobre las áreas y puestos de la administración pública federal con mayor riesgo de corrupción y propuestas para su prevención, difundido esta semana, destaca que en los OIC hay irregularidades como la simulación y manipulación de auditorías, la negociación de observaciones, el desvío de investigaciones para proteger a funcionarios y la filtración de información para alertar a implicados.
El estudio, que incluyó testimonios de servidores públicos, sociedad civil, académicos y empresarios, señala que la corrupción en estas áreas no es esporádica, sino un fenómeno arraigado y sistémico.
Según el documento, cuando los funcionarios de los OIC no se apegan “a los principios que deben regir el servicio público, es fácil que se suscite lo que se conoce como ‘negociación de observaciones’ con las áreas auditadas, cuyos resultados derivan en la disolución o eliminación total de situaciones graves que hubieran sido detectadas”.
Señala que “en el último año de operaciones de la administración 2018-2024, la entonces Secretaría de la Función Pública, a través de sus cabezas, instruyó directamente a las áreas de Auditoría Interna y de Mejora de la Gestión a realizar acompañamientos
permanentes consistentes en apoyar a las áreas auditadas de cada dependencia o entidad mediante negociaciones forzadas
de todas aquellas observaciones que representaran impacto negativo para el erario público o para la imagen política y reputación de aquellas dependencias o entidades y de sus funcionarios”.
Agrega que, además, se ordenó a los OIC registrar tales acompañamientos
en los sistemas de control y seguimiento de auditorías de la propia Secretaría, lo que se tradujo en una simulación de fiscalizaciones, en la que todo aquello observado por tales órganos revisores tuvo que ser solventado en acompañamiento por las mismas autoridades fiscalizadoras que lo observaron”.
Las compras públicas y la obra pública son un campo fértil para el cohecho, con adjudicaciones directas, sobreprecios y manipulación de costos en proyectos de infraestructura. También se detectaron conflictos de intereses no declarados, donde funcionarios o ex funcionarios se vinculan con proveedores para obtener ganancias ilícitas.
En la impartición de justicia, el estudio documentó prácticas como la solicitud de pagos indebidos para acelerar procesos o influir en decisiones judiciales.
En migración y aduanas, los sobornos para agilizar trámites, cobrar cuotas ilegales o vender residencias de manera irregular son prácticas recurrentes, muchas veces con la complicidad de servidores públicos.
El informe clasifica los puestos más propensos a la corrupción en tres niveles: operativo, supervisión y mando, lo que evidencia que el problema permea toda la estructura gubernamental.
Deja una respuesta