René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 28 de abril de 2025, p. 6
Chalco, Méx., El estado de México ocupa el primer lugar nacional por el delito de despojo, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 1º de enero de 2015 al 31 de marzo de 2025.
En ese periodo, el territorio mexiquense suma 42 mil 307 denuncias; en segundo lugar, la Ciudad de México tiene 38 mil 483 querellas; Veracruz, con 18 mil 411; Jalisco, contabiliza 17 mil 420 y en quinto sitio Puebla registra 14 mil 153.
El delito de despojo no había tenido tanta difusión hasta el caso de Carlota, la mujer de la tercera edad que el 1º de abril mató a dos sujetos que invadieron su vivienda.
En este contexto, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda y el legislador morenista Octavio Vargas presentaron dos iniciativas ante el Congreso local para modificar el Código Penal y que el despojo sea catalogado de delito grave.
Zepeda señaló que el delito de despojo ha sido llevado a cabo mediante el uso de la violencia, el engaño o la usurpación en contra del patrimonio de sus legítimos propietarios. En la revisión realizada en los casos denunciados en México, se destaca un incremento a escala nacional con mayor incidencia en el estado de México, esto se explica por su contexto poblacional, pero también plantea la continúa actualización de su marco normativo
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Agregó que el desafío para las instituciones de seguridad y justicia, tanto a escala estatal como federal, es disminuir el número de esos delitos y con eso mejorar las condiciones de los habitantes en materia de seguridad pública
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La iniciativa del MC prevé modificaciones legales para impedir que los invasores presenten contratos de arrendamiento falsos que provocan juicios civiles interminables, que al final obligan al propietario a perder el inmueble por falta de dinero para continuar su defensa o porque las autoridades judiciales también están coludidas con los delincuentes
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En su propuesta, plantea que quede tipificada la participación de servidores públicos para procesarlos penalmente cuando participen en el delito y se aumenten las penas procurando la protección más amplia cuando se trate de adultos mayores, mujeres, indígenas y/o personas en situación vulnerable.
El planteamiento del morenista incluye la protección de esas personas, así como la necesidad de actualizar la norma legal porque la vigente no atiende a la realidad social, ya que dicha tipificación no abarca todas las formas en que puede consumarse esta conducta ni considera que algunos grupos sociales se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, lo que los expone a ser víctimas de prácticas abusivas para privarlos de sus pertenencias
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En ambos casos, se solicita al Congreso del estado de México modificar el artículo noveno, el cual habla de los delitos graves, y el 308 relacionado con el de despojo.
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