S
i WikiLeaks ha tenido un impacto mundial profundo y perdurable es porque lo guían un proyecto informativo riguroso y definido y principios éticos claros. Julian Assange entendió el mundo, actuó para cambiarlo y asumió las consecuencias. Pese a una intensa persecución, la organización y su fundador lograron exhibir las miserias de los cúmulos del poder político, empresarial y mediático. Ese mismo éxito generó un subproducto indeseable: la proliferación de entidades, sitios y operativos de propaganda o monetización que usan el sufijo leaks para presentarse como lo que no son y medrar con golpes de efecto; entidades divulgadoras de mentiras rotundas o de verdades a medias que posicionan nociones determinadas en la opinión pública, casi siempre para socavar la autoridad moral de una persona o de un proyecto político. Se dan a conocer con espectacularidad en medios y redes sociales y anuncian que poseen gigabytes o terabytes de información comprometedora.
Fue el caso de Guacamaya Leaks (GL), una entidad hasta ahora clandestina que se dio a conocer en marzo de 2022 con la divulgación de documentos supuestamente sustraídos a una filial guatemalteca de una minera suiza. Según esos papeles –falsos, a decir de la empresa–, habría sobornado a policías locales para que reprimieran a los trabajadores mineros y habría tratado de ocultar afectaciones ambientales. GL se dice ambientalista y partidario de los pueblos originarios, pero la impresión que queda después de confrontar las versiones es que lo que hubo fue un intento de extorsión de la organización clandestina a la compañía. Poco después, ese grupo anunció que tenía grandes cantidades de documentos confidenciales obtenidos por el pirateo informático de instituciones militares de países latinoamericanos y que la región iba a estremecerse conforme se divulgaran. Hasta ahora no ha pasado gran cosa; a veces se da a conocer algo poco relevante procedente –se dice– de GL, cuyos directivos, ubicaciones y fuentes de financiamiento permanecen en secreto.
La semana pasada apareció una más de estas cosas: Televisa Leaks (TL). Su argumento de verosimilitud no es una supuesta motivación indigenista o ambientalista, sino el hecho bien conocido de que en Televisa y su entorno se han fraguado innumerables campañas furtivas de desinformación orientadas a destruir la fama pública de personas y organizaciones, en particular las que forman parte o están próximas de la Cuarta Transformación. Como la Operación Berlín, conjura diseñada por Enrique Krauze –miembro del consejo de administración de la televisora– y operada por Fernando García Ramírez y Ricardo Sevilla para denostar a Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político en vísperas de la elección presidencial de 2018. Ahora, en forma por demás ingeniosa, el operativo de opinión TL emprendió una campaña de difamación contra el ex ministro de la SCJN Arturo Zaldívar adjudicándole cosas que Televisa ha hecho desde siempre. El ejemplo liberador de WikiLeaks ha sido distorsionado, en suma, para que fabricantes de mentiras se presenten como adalides de la verdad: gato por liebre.
También hemos visto cómo se busca instrumentar la indignación social que generaron las más recientes canalladas pronunciadas por Ernesto Zedillo para reforzar la posición de un candidato a integrar la SCJN, César Gutiérrez Priego, quien fue abogado del general Jesús Gutiérrez Rebollo (su padre) y de otro militar que, al igual que el anterior, fue señalado por nexos con el narcotráfico y por su participación en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la represión priísta de los años 70 y 80: Mario Arturo Acosta Chaparro. La difusión de unos audios en los que supuestamente la esposa del ex mandatario de ingratísima memoria acuerda negocios con un capo del narcotráfico es una maniobra carente del más elemental rigor ético y periodístico: no hay en ella una mínima verificación por otras fuentes de que lo dicho en esas grabaciones tiene el sentido que Gutiérrez Priego pretende darle y que fue pronunciado por las personas que él señala. El barullo podría ser útil para sus pretensiones, pero hasta hoy el señalamiento contra Zedillo por supuestos nexos –vía su familia política– con el trasiego de drogas no ha sido probado y distrae la atención de acusaciones mucho más contundentes y precisas: primero, su protagonismo en la crisis económica de 1984, que arrasó la economía del país, destruyó empresas, hogares y vidas y culminó con el latrocinio de transferir al país cuantiosas deudas privadas de sus compinches; segundo, su política represiva criminal que se tradujo en múltiples masacres de campesinos y que puede resumirse en un nombre imborrable: Acteal.
No debiera soslayarse que Zedillo y los defendidos por el candidato a ministro –y con los cuales él comparte pensamiento represivo y punitivista– son parte de lo mismo y que ideológicamente Gutiérrez Priego está mucho más cerca de Nayib Bukele que de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Gato por liebre.
Pero allá cada quien.
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