E
l viernes 24 de abril, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Chiapas, se realizó uno de esos operativos que caracterizaron al gobierno de Felipe Calderón. Integrado por Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. El operativo incluyó cateos –sin órdenes judiciales– en diferentes domicilios. Las fuerzas del Estado allanaron con violencia domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, causando destrozos, robando dinero y pertenencias de las comunidades, y llevándose detenidos –sin órdenes de aprehensión– a José Baldemar Sántiz Sántiz y a Andrés Manuel Sántiz Gómez.
Desde su llegada al gobierno de Chiapas (2024), Eduardo Ramírez prometió pacificar
Chiapas echando mano del apoyo militar que le brinda su correligionaria de partido en la Presidencia del país, aumentando de manera considerable el presupuesto para seguridad, desplegando una intensa campaña en medios de comunicación y creando grupos de élite, como el FRIP. Pero las señas del autoritarismo y abuso de poder marcan su gabinete. Al frente de la fiscalía de Chiapas está Jorge Luis Llaven Abarca, quien durante su paso como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, la represión, detenciones arbitrarias y torturas. La detención y tortura de integrantes de La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, y la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal en 2005, son casos por los que se le ha denunciado.
Al enterarse de la detención de José y Andrés, autoridades autónomas zapatistas realizaron su propia investigación y dieron aviso de la situación al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Durante 55 horas, José y Andrés permanecieron en situación de desaparecidos. Pero la presión social comenzó a surtir efecto y el 27 de febrero, en el Facebook de la Fiscalía de Chiapas se publicó: Por secuestro agravado, los elementos del orden aprehenden a tres presuntos responsables. Por hechos ocurridos en el municipio de Aldama. La Fiscalía General del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de José N, Andrés N y Andrés Martín N, como presuntos responsables de secuestro agravado, cometido contra una persona de sexo masculino de identidad reservada
. Además de mentir con las supuestas órdenes de aprehensión, se veía ya la intención de fabricar delitos.
Pero la fiscalía y gobierno de Chiapas, así como el gobierno federal que estuvo enterado en todo momento de la situación, parecen no saber que los zapatistas no se rinden, no se venden y no traicionan. Así, mientras el Estado fabricaba culpables y criminalizaba a los detenidos intentando acusarlos de secuestro, las autoridades autónomas zapatistas comprobaron primero la inocencia de sus bases de apoyo, para luego ir más allá: descubrieron a los perpetradores del secuestro y posterior asesinato de Pedro Díaz Gómez, cometido por personas que no son zapatistas. Haciendo uso de sus sistemas de seguridad y justicia, y respetando siempre sus derechos humanos, los zapatistas detuvieron a los criminales y los pusieron bajo custodia en una de las comunidades rebeldes. Los dos criminales confesaron el secuestro y asesinato en contra de Pedro Díaz Gómez, y señalaron el lugar preciso donde habían enterrado el cuerpo. Señalaron la complicidad de otras personas
, narra el subcomandante insurgente Moisés, vocero del EZLN. Continúa: Todo esto lo supo el gobierno en sus tres niveles, pero nada hizo. En lugar de liberar inmediatamente a nuestros compañeros inocentes, le dieron largas al asunto y propusieron un intercambio de detenidos. Así podrían sobornar a los medios de comunicación y venderles la historia de que todo había sido mérito de la justicia estatal y federal. Y también podrían quedarse con lo que robaron a los originarios pobres que sufrieron su ataque
.
En una época en que la justicia es una más de las víctimas del dinero, de la corrupción, de la fuerza, de la impunidad, de la arbitrariedad, del poder, es una verdadera fuente de incentivos vitales encontrarse con pueblos que se han dado un gobierno con autoridades propias que, con base en principios, objetivos, leyes y procedimientos esencialmente distintos han logrado poner en práctica exitosamente un sistema de justicia con el cual pueden resolver cuanto conflicto les presenten
, escribió la investigadora Paulina Fernández Christlieb en un libro que lleva el mismo título que este texto. Ese sistema de seguridad y justica alternativo que han construido los zapatistas, no sólo es referente de justicia en un país donde más de 93 por ciento de los crímenes quedan impunes. Además, ese sistema les ha ayudado hoy a evidenciar a un Estado que sigue alejado de la justica.
*Sociólogo. X: @RaulRomero_mx
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