▲ La corresponsal de este diario en Chihuahua, quien documentó la corrupción en ese estado, fue asesinada en marzo de 2017.Foto La Jornada
Jesús Estrada y Rubén Villalpando
Corresponsales
Periódico La Jornada
Martes 6 de mayo de 2025, p. 11
Chihuahua, Chih., Este martes, en el Centro de Justicia Penal Federal, en la capital de Chihuahua, se resolverá una solicitud de libertad condicionada para favorecer al ex alcalde panista de Chínipas Hugo Amed Schultz, sentenciado a ocho años de cárcel por colaborar en el homicidio de la periodista Miroslava Breach.
A ocho años del crimen, únicamente Schultz y Juan Carlos Moreno El Larry, uno de los autores materiales, han recibido sentencia, pese a que al menos cinco personas estuvieron involucradas. Schultz fue hallado culpable de facilitar el asesinato, ya que proporcionó información al presunto autor intelectual, Crispín N, y a los autores materiales Moreno, Jaciel N y Ramón N.
La posible liberación de Schultz representaría un serio retroceso para la justicia, advirtió la organización Propuesta Cívica, que acompaña a los familiares de la corresponsal de La Jornada, quien documentó y denunció la corrupción y la narcopolítica en Chihuahua, y fue asesinada el 23 de marzo de 2017, después de que recibió amenazas del crimen organizado y de actores políticos.
En diciembre del año pasado, Schultz acumuló cuatro años de su setencia –la mitad del tiempo–, por lo que puede acceder al beneficio de libertad condicional. El ex munícipe fue detenido en diciembre de 2020 y se le sometió a un juicio abreviado en junio de 2021.
Frente a la posibilidad de que el edil de Chínipas recupere la libertad, Propuesta Cívica recordó que fue el primer actor político condenado por el asesinato de una periodista en México.
La organización aseguró que hay una campaña mediática que busca sembrar dudas sobre el papel de Schultz en el asesinato de la reportera, posiblemente para propiciar su libertad condicionada.
Subrayó que la responsabilidad penal del ex munícipe no será materia de discusión en la audiencia, y tampoco existe duda alguna sobre su responsabilidad penal, pues pesa una sentencia firme, resultante de su propia admisión de responsabilidad.
La pena por homicidio en Chihuahua es de 10 a 25 años, y la actual sentencia de ocho años fue una pena reducida. Propuesta Cívica pidió que el tribunal valore debidamente la trascendencia del asesinato de Miroslava Breach –perpetrado en uno de los países más letales para la prensa– y se adopte una decisión que garantice justicia y salvaguarde los intereses y la seguridad de las víctimas indirectas.
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