El diputado Federico Döring, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, calificó como inadmisible el intento de censura a EL UNIVERSAL, por haber exhibido los vínculos del oficialismo con el robo de combustible utilizado para financiar campañas políticas.
Hoy, en su columna Bajo Reserva, este periódico dio a conocer que ayer, un notificador del Instituto Electoral de Tamaulipas llegó hasta el domicilio, de uno de los principales columnistas de este medio, para hacer de su conocimiento que, tanto él, como EL UNIVERSAL, estaban denunciados por una persona cuyo nombre fue omitido en la notificación, por escribir sobre los nexos de morenistas con personajes relacionados con el robo de combustible a Pemex, y que utilizaban el producto de este ilícito para fondear campañas políticas.
“Expresamos nuestro total respaldo a los medios de comunicación, columnistas, reporteros y conductores que hoy enfrentan intentos de censura por parte del poder. Respaldamos de manera firme a EL UNIVERSAL, así como a todos aquellos que ejercen su labor informativa con responsabilidad y valentía. Rechazamos cualquier forma de intimidación o represalia. No están solos: su voz es fundamental para la democracia y la vamos a defender, refirió Döring en un comunicado.
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El legislador panista ya había advertido anteriormente que el huachicol fiscal es una creación de Morena, surgida tras la apertura a la importación de combustibles en 2019. Y aseguró que dicho esquema de contrabando de combustible ha generado un desfalco estimado en más de 554 mil millones de pesos durante el sexenio anterior.
Recordó que altos funcionarios de la aduana, en Tamaulipas, están señalados por operar el huachicol fiscal en la entidad, y que, a pesar de ello, el gobierno federal no ha actuado judicialmente.
“Hay funcionarios ligados al contrabando que incluso tienen aspiraciones en el Poder Judicial local. La red de complicidades es clara, y el silencio del gobierno es cómplice”, subrayó.
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El legislador también señaló que existen vínculos directos entre operadores de Morena y esta red de contrabando, como el caso del cuñado de la gobernadora de Baja California, relacionado con un agente aduanal en la mira del SAT desde 2014.
Además, denunció que un predio en Ensenada, utilizado para almacenar combustible ilegal, pertenece a un exsenador de Morena, sin que hasta ahora se haya promovido su extinción de dominio.
“Mientras a los textileros los persiguen, a los huachicoleros de Morena los protegen. El gobierno calla, no detiene a nadie y encubre a sus cómplices”, sentenció.
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jf/bmc
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