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La Jornada: El reto político


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éxico está viviendo desde el 2018 un verdadero parteaguas en su historia política. No sólo porque el grupo gobernante que se aglutina en una coalición partidaria ha ganado de manera incuestionable y de forma mayoritaria, mediante el voto popular, las elecciones federales, estatales y municipales de los últimos siete años, sino principalmente por impulsar la construcción de un gran movimiento social pacífico y crítico sin precedente desde hace décadas.

Es tan fuerte ese movimiento ciudadano sin figuras políticas protagónicas, decorativas y corruptas como las de antaño, que nadie ha conseguido ganarle la calle como lo han demostrado en cada proceso comicial los simpatizantes y militantes de Morena y sus aliados en todas y cada una de las regiones del país. Las movilizaciones ciudadanas de la derecha política defendiendo en 2023 y 2024 al INE y a la SCJN respectivamente, fueron dispendiosas y con estrepitosos fracasos políticos.

Desde el inicio del último sexenio gubernamental con mayorías relativas, y hoy con mayorías calificadas, desde el lado opositor se denuncia que el gobierno provocaría graves crisis institucionales. Sin embargo, y en contra de lo que sus detractores han impulsado en los medios (con grandes costos monetarios), la temida crisis institucional nunca apareció. Al contrario, los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum Pardo expresan históricamente una estabilidad política y económica desconocida, única.

El régimen actual está muy lejos de las rencorosas afirmaciones de que ha destruido el Poder Legislativo y que este 1º de junio se capturó al Poder Judicial para alinearlo a los perversos intereses de la 4T.

Lo único cierto es que la democracia mexicana se está renovando con profundas reformas constitucionales en todos los ámbitos de gobierno gracias a que se cuenta con la mayoría de los diputados y senadores convencidos de la transformación del país. El Poder Legislativo actual es el ejemplo contrario a una historia de control que los poderes Ejecutivos federal y locales, empresarios y directores de medios tuvieron para con esos actores parlamentarios. Los reclamos al gobierno morenista se circunscriben solamente a señuelos frívolos y tontos, como el de sugerir una y otra vez que el derrotado proyecto del PRI y PAN de impulsar de común acuerdo lo que se denomina gobierno dividido entre 1997 y 2018 debiese restaurarse.

El paso definitivo del nuevo cambio mexicano, el gran reto político de la sociedad crítica y de todos los simpatizantes y militantes de la 4T lo refleja el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación de ayer.

La reforma al Poder Judicial, debe recordarse, es la respuesta jurídica y política de un proyecto de nación que no podía seguir aceptando los fallos de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte integrada por abogados sometidos al poder del PAN y de algunos empresarios, señalados durante muchos años como reaccionarios y corruptos, que lo único que evidenciaron era su proyecto para desmantelar la nación y cancelar derechos sociales.

En la experiencia que va de 1995 a la fecha, los ministros, magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial no demostraron más que ser empleados de los poderes fácticos, fallando casi siempre en contra de la nación, lo que no le dejó al movimiento de la Cuarta Transformación más que una alternativa: elegir por voto popular a sus integrantes.

Durante décadas la Constitución y las leyes no han podido ser aplicadas de manera estricta a funcionarios corruptos y delincuentes mafiosos porque la derecha mexicana controló hasta hoy las instancias federales y locales de justicia. Por ello, también se hizo esta reforma al Poder Judicial, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, representen la pluralidad cultural, social e ideológica que conforman la nación para contar con un poder del Estado que constituya un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público.

La conciencia de la unidad entre sociedad crítica y proyecto de nación es un gran cambio. Esta relación es determinante en la configuración política del México que se transforma.

De ahí la importancia de votar para inaugurar un nuevo modelo judicial mexicano.

*Sociólogo e historiador. Investigador titular del IISUNAM



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