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na sociedad que convive con grados inauditos de violencia cotidianamente, corre el riesgo de dejar de percibirla. En marzo pasado, mientras parte de la sociedad mexicana vivía el shock de los hallazgos de Teuchitlán, y en algunos medios de comunicación y redes sociales se discutía si era más grave un campo de exterminio
que un campo de concentración
, o políticos de uno y otro signo utilizaban la tragedia para golpearse entre ellos, en Oaxaca el horror encontraba otras formas de expresarse.
La noche del domingo 2 de marzo de 2025, los cuerpos de nueve jóvenes reportados como desaparecidos fueron encontrados a la altura del municipio poblano de San José Miahuatlán, muy próximo a Oaxaca. Los jóvenes, que habían ido a Zipolite y Huatulco, fueron encontrados con huellas de tortura y otros horrores inefables. Las denuncias e investigaciones que siguieron derivaron en la detención de policías y otros funcionarios por su presunta participación en el crimen. Hasta el día de hoy, no se han aclarado los hechos.
Algo anda mal en Oaxaca, insisten desde hace tiempo pueblos y organizaciones. Algunas de ellas identifican el incremento de las violencias con el inicio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo que en los hechos se traduce también en la disputa por nuevas rutas y mercados para las economías criminales. De acuerdo con el monitoreo que realiza la organización Educa–Oaxaca, Todos sus nombres, Todas sus luchas
, entre diciembre de 2022 y agosto de 2024, al menos 18 personas defensoras del territorio fueron asesinadas en el estado, todas ellas pertenecientes algún pueblo originario. A esto hay que sumar otros nombres de personas asesinadas, como el de Wilfrido Atanasio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), ejecutados en febrero de 2025.
Ucizoni es una de las organizaciones más emblemáticas de la región, que se ha mantenido independiente y movilizada frente a la imposición del Corredor del Istmo, ya sea cuando era impulsado por gobiernos del PRI, del PAN, y también ahora con la autodenominada Cuarta Transformación. En 2023, Ucizoni ya había vivido la represión por parte de la Guardia Nacional, la policía estatal y miembros de la Secretaria de Marina, cuando estos últimos desalojaron el Campamento Tierra y Libertad, integrado por campesinos mixes afectados por las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Apenas en abril pasado, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales denunciaron la persistente criminalización en contra de 24 personas indígenas ayuujk y binizaa, originarias de las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa
, todas ellas relacionadas con acciones de protesta por las afectaciones de las obras de ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico. En Oaxaca, las personas defensoras del territorio corren el riesgo de ser criminalizadas o incluso, perder la vida.
Las violencias que se han intensificado en Oaxaca también tienen un matiz de género. De acuerdo con la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad, desde el 1º de diciembre de 2022, en lo que va del gobierno de Salomón Jara, 915 mujeres tienen reporte de ausencia, mientras se alcanzan 241 feminicidos en el mismo periodo. Destacan los casos de Sandra Domínguez, desaparecida junto a su pareja desde el 4 de octubre de 2024, y quienes fueron encontrados sin vida en abril de 2025. Sandra, de origen mixe, había denunciado una red de pornografía que alcanzaba a personas que laboran en distintas dependencias de gobierno. Igualmente está el caso de Claudia Uruchurtu, quien había denunciado casos de corrupción en el municipio de Nochixtlán entre 2019 y 2021. Claudia Uruchurtu escribió cartas al entonces presidente López Obrador, a quien era la secretaria de Gobernación en ese tiempo, Olga Sánchez Cordero, y también al entonces gobernador del estado, Alejandro Murat. Nadie atendió sus denuncias. El 26 de marzo de 2021 Claudia fue víctima de desaparición forzada.
Algo anda mal en Oaxaca, insisten desde hace tiempo pueblos y organizaciones. Como en otros puntos del país, las economías criminales se van expandiendo con grandes corporaciones criminales que suman a sus filas a pequeñas y medianas bandas locales. El huachicol, el tráfico de drogas, la extorsión, los feminicidios, el tráfico de personas migrantes, la desaparición de personas, las ejecuciones por encargo y otros negocios más, son parte de la realidad cotidiana. La penetración a estructuras de gobierno es inevitable: así garantizan su operatividad. El problema se agrava porque esas violencias criminales se entrelazan con otras violencias de Estado y ponen en mayor riesgo a toda la sociedad, pero particularmente a quienes defienden el territorio y los derechos humanos.
*Sociólogo
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