La Corte atrae a revisión sentencia contra presunto asesino de regidora de Atizapán
Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de marzo de 2025, p. 10
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revisar la sentencia de 35 años de prisión impuesta a Daniel García Rodríguez por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, caso que escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) y derivó en una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violar derechos del acusado y someterlo a prisión preventiva oficiosa por más de 17 años.
El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la primera sala de la SCJN, quien elaborará un proyecto sobre el amparo con el que García Rodríguez busca tumbar la sentencia dictada el 17 de marzo de 2023 por el segundo tribunal de alzada en materia penal de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al ser declarado autor intelectual del crimen, cometido el 5 de septiembre de 2001.
García Rodríguez fue detenido el 25 de febrero de 2002 y pasó más de 17 años en prisión preventiva oficiosa. Actualmente enfrenta su proceso en libertad, pues la sentencia de 35 años de cárcel todavía no está firme porque el acusado promovió un amparo directo en revisión ante el segundo tribunal colegiado en materia penal en el estado de México.
Dicho recurso fue atraído por la Corte dada su trascendencia al estar relacionado con la sentencia de la Coridh en el caso García Rodríguez y otro contra México, cuya jurisprudencia es de carácter vinculante para el Estado mexicano.
Por el asesinato de la regidora también fue detenido Reyes Alpízar Ortiz, en 2002, y condenado en 2022 a 35 años de prisión, pero un año después, tras una apelación, fue absuelto por falta de pruebas.
La CIDH declaró responsabilidad internacional contra México por haber detenido, procesado y privado de su libertad bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa a García Rodríguez y Alpízar Ortiz.
El pleno de la SCJN tiene pendiente resolver desde el año pasado el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propone que en México se deje de aplicar la prisión preventiva oficiosa para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria emitida por la Coridh para este caso.
Sin embargo, en mayo del año pasado, por medio de un recurso de amicus curiae (amigos de la Corte), los 32 gobernadores del país pidieron a la SCJN que no toque la prisión preventiva oficiosa porque, argumentaron, es clave para mantener la seguridad del país, por lo que debe valorar su impacto al ordenar que se elimine de las leyes mexicanas.
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