En el documento, del cual Expansión tiene una copia, Altán pidió suspender la determinación del INAI, al argumentar que es la titular de la información y su divulgación la pondría en una clara desventaja frente a sus competidores de telecomunicaciones y afectaría su posición comercial.
En el amparo, la empresa de telecomunicaciones solicitó como medida cautelar que el INAI se abstenga de requerir a Promtel los documentos sobre los pagos del espectro o, en caso de que la entrega sea obligatoria para evitar sanciones, que el Instituto no los comparta con el solicitante de la información.
“Altán tiene un interés en que subsista una declaratoria de confidencialidad de dicha información para que no sea compartida con terceros. El motivo de la solicitud podría ocasionar la terminación del contrato derivado del incumplimiento a su cláusula de confidencialidad”, alegó la compañía.
La orden del INAI
Antes de ser extinto, el INAI ordenó a Promtel a transparentar los pagos de Altán Redes por el concepto de uso del espectro de 700 MHz del año pasado, como parte de una solicitud de información que incluye la entrega de comprobantes de saldo, de acuerdo con la resolución del Instituto en poder de Expansión.
Pero la dependencia se ha abstenido a entregar la información bajo el argumento de ser “una autoridad incompetente”, algo que para el INAI es infundado, al señalar que “está en sus atribuciones y debe de exhibir los pagos que se le están pidiendo para conocer si (Altán) ha cumplido con este deber”.
Promtel -un organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)- sostiene desde 2017 un contrato de Asociación Público-Privada con Altán Redes para que use y explote dicho espectro para habilitar servicios de capacidad de red a Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Bait de Walmart.
La empresa a cambio tiene como obligación pagar a Promtel aproximadamente 500 millones de pesos por la explotación de esta banda a más tardar en marzo de cada año, según una fuente que pidió no ser citada. Este dinero, posteriormente lo debe enviar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que éste finalmente lo deposite a la Tesorería de la Federación (Tesofe), una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda.
El espectro radioeléctrico es el conjunto de ondas electromagnéticas que se utilizan para transmitir señales de radio, televisión, internet móvil y otros servicios de comunicación inalámbrica. Es un recurso limitado que pertenece al Estado y se divide en diferentes bandas de frecuencia, cada una con usos específicos. La banda de 700 MHz es especialmente valiosa porque permite una mejor cobertura en zonas rurales y es clave para el desarrollo de redes 4G y 5G.
Expansión solicitó información sobre el tema a Promtel y Altán pero no emitieron comentarios hasta la publicación del texto.
Las posibles razones de Altán para no transparentar pagos
Fernando Borjón, excomisionado del IFT y consultor en jefe en Access Partnership, consideró preocupante que Altán aplique mecanismos legales para evitar que Promtel entregue documentos referentes al pago del espectro. La información solicitada es de interés público al tratarse de un insumo del Estado que está bajo la titularidad del organismo descentralizado.
Para el experto la postura de la compañía obedece a que se puede visibilizar la preferencia entre la empresa y el Gobierno Federal para el aprovechamiento de bandas, lo que generaría preocupaciones al interior de las telecomunicaciones.
“ No es ningún misterio cuánto está pagando (Altán por el espectro), quizá la duda es cuándo y cómo. Hacienda es una de las primeras dependencias en darse cuenta cuando no ingresan pagos como el espectro para evitar afectaciones al erario público. Pero la duda que surge es ¿por qué no quiere que se entregue la información?”, cuestionó Borjón.
Quien señala lo preocupante que es que una empresa privada ordene a un órgano desconcentrado cómo actuar y responder a este tipo de resoluciones.
“Promtel debe responder si se pagó o no el espectro porque su rol principal es ver que se cumpla el contrato de Asociación Público- Privada”, alertó.
La solicitud de transparencia referente a los pagos del espectro de Altán se da en un momento en donde la injerencia del Estado toma mayor fuerza dentro de la empresa al adquirir participación mayoritaria e incluso apropiarse de su deuda financiera que asciende a 30,000 millones de pesos.
Un historial de impagos
En noviembre pasado, Expansión reportó que Altán Redes no había pagado por el uso del espectro radioeléctrico y, debido a ello, solicitó dos prórrogas para cumplir con el pago.
“La primera prórroga se otorgó a finales de marzo de 2024, con la condición de que el pago se realizara en julio de ese año, pero la empresa solo cubrió el 5% de la deuda. La segunda prórroga venció a inicios de diciembre de 2024 e incluía un pago de 500 millones de pesos más intereses acumulados”, explicó una fuente con conocimiento del tema que pidió permanecer anónima.
Hasta ahora, no hay confirmación sobre si Altán saldó su deuda, a pesar de la orden del INAI para transparentar la información.
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