▲ Integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en una marcha de enero de 2002.Foto Marco Peláez
Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Lunes 28 de abril de 2025, p. 11
En cinco días se cumplirán 19 años de impunidad en el caso de San Sal-vador Atenco, donde cientos de manifestantes fueron reprimidos y detenidos con uso excesivo de la fuerza, incluyendo a decenas de mujeres que sufrieron abuso sexual y tortura a manos de policías.
Hasta ahora, el Estado mexicano sólo ha cumplido con la medida de investigación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en 2018 en la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México
, dejando pendientes otras acciones de reparación del daño a 11 de las víctimas de los hechos ocurridos entre el 3 y 4 de mayo de 2006.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) programó discutir hoy o mañana un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que resolverá el expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales, el cual definirá el papel del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el cumplimiento del fallo de la Coridh.
Este expediente podría establecer un criterio jurisprudencial obligatorio para juzgados y tribunales que conozcan imputaciones presentadas por el Ministerio Público federal. La relevancia de esta discusión representa una oportunidad
para abrir camino hacia la justicia, afirmó Eduardo Guerrero Lomelí, coordinador del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Guerrero destacó que confían en que la resolución contemple dos temas esenciales: la responsabilidad de la cadena de mando y la perspectiva de género.
Hasta hoy, el caso permanece impune. Ya la próxima semana, el 3 de mayo, se cumplen 19 años de los hechos en Salvador Atenco
, dijo.
En mayo de 2006, policías federales y estatales reprimieron a trabajadores e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), quienes protestaban porque el gobierno municipal de Texcoco les impidió vender flores en el mercado local.
Durante el operativo, dos jóvenes civiles murieron y 217 personas fueron arrestadas. Muchas denunciaron tortura y 26 mujeres reportaron haber sufrido abuso sexual al ser ingresadas al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cereso) de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, sin que hasta ahora haya castigo a los responsables.
Tras analizar 11 casos, la Coirdh responsabilizó al Estado mexicano de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violaciones a garantías judiciales.
Entre las medidas de reparación, ordenó investigar y sancionar a los responsables, ofrecer atención médica y sicológica gratuita, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a las fuerzas policiales sobre uso de la fuerza y violencia de género, establecer mecanismos de supervisión en operativos y pagar indemnizaciones a las víctimas.
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