Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Sábado 29 de marzo de 2025, p. 7
Para garantizar la correcta aplicación en obras de infraestructura de los más de 12 mil 300 millones de pesos que se les asignaron a los pueblos indígenas y afromexicanos, a partir de la reciente reforma constitucional, se deberán crear comités de administración y vigilancia comunitaria, informó la senadora de Morena, Edith López.
La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos dijo que con base en un convenio entre el gobierno federal y los estatales se creó el componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social denominado Faispiam, con la finalidad de contribuir a reducir los rezagos de infraestructura social en los territorios de nuestros pueblos
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Insistió en que ese nuevo fondo “representa un cambio estructural para atender nuestras comunidades, que ahora decidirán de manera autónoma, con responsabilidad, transparencia y honradez, el destino de los recursos sin intermediarios.
Los recursos serán exclusivamente para el financiamiento de obras, acciones sociales e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social
y hay una serie de lineamientos de operación establecidos conjuntamente con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), y la Secretaría de Gobernación.
Se destaca la creación de Comités de Administración y de Vigilancia, integrados por personas de las localidades, quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar los recursos del fondo y supervisar, dar seguimiento a los proyectos, para asegurarse de que responda a las necesidades de la comunidad.
Por lo que se refiere al cálculo de la fórmula para la distribución de los recursos que integra el Faispiam, se consideró como una de las fuentes de información el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
Al momento, hay 71 pueblos registrados, incluido el afromexicano y López señaló que el proyecto de la nueva Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que el Senado elabora con el INPI, se someterá a consulta entre ese sector de la población, al que se reivindica como sujetos de derecho público y con personalidad y patrimonio propio
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