Un Tribunal Federal dictaminó auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por su probable responsabilidad en el delito de omisión en el operativo Rápido y Furioso efectuado entre 2009 y 2011.
La resolución del Tribunal de Apelaciones con residencia en Hermosillo, revocó el auto de libertad por falta de elementos del mismo caso, dictado a principios de 2024 a favor de Cárdenas Palomino por la Jueza Noveno de Distrito de Sonora.
Con este fallo del Tribunal de Apelación, según informó el Semanario Zeta, los magistrados ordenaron la reaprehensión del ex funcionario que se encuentra preso por el delito de tortura en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El colaborador y considerado “mano derecha” de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), será investigado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de omisión por no impedir la entrada ilegal a México de más de dos mil armas exclusivas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Estas armas formaban parte del operativo fallido Rápido y Furioso que fue realizado por la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), durante la administración del presidente Barack Obama.
Las armas traficadas de EEUU a México iban a ser rastreadas a través de un chip por las autoridades, pero muchas llegaron a las manos de miembros de cárteles, en su mayoría al de Sinaloa, por lo que fueron usadas en múltiples homicidios al no tener el control planeado.
Cárdenas Palomino estaba preso en el Cefereso del Altiplano por su presunta participación en el montaje y tortura de los hermanos Israel y Guadalupe Vallarta Cisneros, señalados por las autoridades de ser miembros de una banda de secuestradores denominada “Los Zodiaco” en 2005.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha aclarado que las declaraciones realizadas por su titular, Alejandro Gertz Manero, respecto al caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, no tienen carácter oficial.
Esta postura fue comunicada en respuesta a una solicitud presentada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública y por el propio Israel Vallarta, quienes buscaban que se desechara la resolución judicial que podría condenarlo a más de 300 años de prisión por secuestro.
El fiscal Gertz Manero, en una conferencia de prensa celebrada el pasado 25 de marzo, calificó como un montaje el caso que involucró a la ciudadana francesa Florence Cassez.
En sus palabras, afirmó: “Mire, el caso de Florence Cassez fue un montaje. La presencia de ustedes fue una muestra de transparencia. Esa es la diferencia. Gracias”, al responder a un cuestionamiento sobre el caso Cassez y el Rancho Izaguirre. Sin embargo, la FGR ha señalado que estas declaraciones no constituyen una postura oficial de la institución, lo que implica que el proceso judicial contra Israel Vallarta continuará su curso.
FOTO: Pedro Marrufo/CUARTOSCURO.COM
El caso se remonta al 9 de diciembre de 2005, cuando Florence Cassez e Israel Vallarta fueron detenidos en un rancho ubicado en la carretera libre México-Cuernavaca.
Este operativo, llevado a cabo por la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), fue transmitido en vivo por las cadenas de televisión Televisa y TV Azteca. Durante la transmisión, se pudo observar cómo Vallarta era sometido a tortura por parte de elementos de la Policía Federal, mientras era interrogado frente a las cámaras.
Además de las imágenes transmitidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó diversas irregularidades en el caso. En su recomendación 20/2021, la CNDH señaló que tanto Vallarta como Cassez habían sido detenidos un día antes del operativo oficial, el 8 de diciembre de 2005, por personas vestidas de civil. Este dato contradice la versión oficial presentada en su momento y refuerza las acusaciones de montaje en el caso.
El caso de Florence Cassez adquirió notoriedad internacional debido a su nacionalidad francesa y a las denuncias de irregularidades en el proceso judicial. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación, argumentando que se habían violado sus derechos fundamentales durante el proceso. Sin embargo, Israel Vallarta, quien también fue acusado de pertenecer a la supuesta banda de secuestradores de “Los Zodiacos”, permanece en prisión desde hace casi dos décadas.
La reciente solicitud del Instituto Federal de la Defensoría Pública y de Vallarta buscaba que se reconsiderara su caso a la luz de las declaraciones del fiscal Gertz Manero. No obstante, la FGR ha dejado claro que no tiene intención de desistir del juicio en su contra.
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