De La Redacción
Periódico La Jornada
Lunes 31 de marzo de 2025, p. 11
Al convertirse el rancho Izaguirre, de Jalisco, en otro caso de desaparición forzada en México, organizaciones de familias buscadoras y de derechos humanos reiteraron ayer que todas las instituciones del gobierno deben actuar de manera coordinada para atender esta crisis nacional, ya que en el país existen al menos 125 mil casos.
Durante el foro virtual ¡Porque los amamos! Frente al horror y la deshumanización la digna lucha de las madres y familias buscadoras, Meyatzin Velasco, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que las madres han tenido que salir a buscar porque falta prontitud en actores gubernamentales, como las fiscalías, al hacer su trabajo para activar una acción de búsqueda, así como emitir de manera rápida las denuncias de los casos.
Dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas fue creada para apoyar estos trabajos y a la población mexicana; sin embargo, ha revictimizado a los buscadores. Destacó que una acción pendiente es que las fiscalías trabajen en coordinación para atender cada caso.
Volga de Pina, defensora de derechos humanos, lamentó que las desapariciones sean un asunto que ha existido desde hace años en el país, y ahora se retome en la agenda por el caso del rancho Izaguirre.
Declaró que todas las desapariciones, como las que se cometieron en la llamada guerra sucia, los normalistas de Ayotzinapa o las asesinadas de Ciudad Juárez, deben ser tomadas en cuenta.
Sobre los casos de migrantes, Ana Enamorado, de la Red Regional de Familias Migrantes, destacó la labor de organizaciones internacionales como el Equipo Argentino de Antropología Forense, para la identificación de personas.
Liliana Meza y Héctor Flores, integrantes de Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, llamaron por separado al gobierno federal a tener apertura y a crear una comunicación real con organizaciones, con la finalidad de incluirlos en cualquier política pública en esta materia y en la creación de las propuestas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada.
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