Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 9 de junio de 2025, p. 11
En septiembre la Cámara de Diputados discutirá el reglamento de la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que sanciona con mayor rigor el tráfico ilícito de armas al país, fenómeno que se concentra en 10 municipios que en promedio registran más de mil homicidios dolosos, explicaron legisladores.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, señaló que se construye la iniciativa del propio reglamento, que será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se especificará, por ejemplo, el traslado de armas legales por particulares en transporte público.
En una medida que presentó para ampliar las sanciones a extranjeros que trafiquen con armas, la bancada del Partido Acción Nacional citó que, según datos oficiales, en el país, en una década se han cometido más de 167 mil homicidios dolosos con arma de fuego, lo que representa un hecho alarmante
.
Damián Retes, diputado de esa bancada, resaltó que el tráfico ilegal de armas se concentra en los municipios de Tijuana, Acapulco, Culiacán, Benito Juárez, Iztapalapa, Cajeme, Ecatepec, Tlajomulco, Zapopan y Ensenada.
Aunque el tráfico de armas en la frontera sur del país sólo representa 2 por ciento del volumen nacional, según estudios gubernamentales, la inestabilidad de la región centroamericana ha favorecido el aumento de armas aseguradas en Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, principalmente en Ciudad Hidalgo, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Balancán, Veracruz y Oaxaca
, afirmó el legislador del blanquiazul.
Crece comercio
Refirió una estimación que señala que desde 2005 fueron ingresadas al país de manera ilícita 2.5millones de armas y que el decomiso de dispostivos de asalto –principalmente semiautomáticos, de gran capacidad letal– se ha incrementado 122 por ciento y 9 por ciento el de pequeñas y ligeros, de un total de 17 millones en manos de civiles, cuya venta ilegal creció 35 por ciento en 2019.
El miércoles, la Comisión de Defensa discutirá la iniciativa de cambios al artículo 84 bis, en el que se propone sancionar con prisión de tres a ocho años al extranjero que introduzca armas de manera ilegal.
La reforma a la ley, que recientemente publicó el Ejecutivo, derogó el segundo párrafo, que preveía únicamente sanciones administrativas para ese delito.
Sin embargo, en el mismo artículo se incluyó que a quien introduzca o participe en el ingreso ilegal de armas, piezas, componentes, cargadores, municiones o cartuchos, así como artificios, explosivos o sustancias químicas relacionados se les impondrá de seis a 12 años de prisión.
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