Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de mayo de 2025, p. 4
La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados –que, junto con el PAN, aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario en diciembre de 1998– presentó por tercera vez una iniciativa para suprimir los pagos de intereses derivados de los créditos que causaron el quebranto bancario al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo.
Ya se pagaron 552 mil millones de pesos, y entre 1999 y 2024 se han destinado 840 mil millones más… Es claro que la deuda está más que saldada, y el país necesita asignar fondos a proyectos de infraestructura
, señaló el coordinador priísta, Rubén Moreira, al presentar su propuesta.
El rescate bancario implicó la adquisición de cartera vencida de los bancos y el saneamiento de préstamos otorgados a los propios banqueros; también, el extinto PRD denunció que en el Fobaproa se incluyeron créditos utilizados para financiar las campañas de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, este último candidato a la gubernatura de Tabasco en 1994.
Moreira sostuvo que Morena, con su mayoría, puede aprobar la reforma a la citada ley. Recordó que el informe del auditor canadiense contratado por la Cámara, Michael Mackey –quien cobró 20 millones de dólares por un reporte incompleto–, fue entregado en 2001 a los cinco coordinadores parlamentarios, junto con las claves de acceso a los archivos encriptados.
El documento fue recibido por Arturo Núñez (PRI), Carlos Medina Plascencia (PAN), Jorge Emilio González (PVEM), Pablo Gómez (PRD) y Ricardo Cantú (PT).
En la biblioteca de la Cámara están disponibles para consulta física los tres tomos del informe Mackey, así como una versión electrónica en Internet. La iniciativa de Moreira se basa en información contenida en ese expediente.
El legislador explicó que la propia Ley del IPAB obliga a la Cámara de Diputados a destinar recursos anuales al organismo. Precisó que los recursos presupuestarios que recibe nada tienen que ver con el Fondo de Recursos para el Seguro de Depósito, que provienen de las cuotas que pagan todos los bancos. Por lo tanto, si se dejan de recibir recursos públicos para el pago de los pasivos, dicho fondo no se vería afectado, ni tampoco los ahorradores
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De esta manera, propone suprimir únicamente los pagos correspondientes al Fobaproa, que suman 50 mil millones de pesos, así como investigar los desembolsos ilegales.
Revisar la deuda pública
Además, citó que, según el último reporte de Hacienda a marzo, la deuda del IPAB asciende a 1.1 billones de pesos, lo que hace urgente revisar y descontar las operaciones que el gobierno nunca debió asumir como deuda pública, y que sumarían casi 420 mil millones de pesos.
El informe Mackey concluyó, entre otras irregularidades, que los bancos seleccionaron créditos con escasa probabilidad de cobro y los vendieron incluyendo intereses moratorios; que el Fobaproa no debió adquirir cartera irrecuperable, de empresas en suspensión de pagos, denominada en unidades de inversión, descontada por la banca de desarrollo, ni créditos relacionados o menores a 200 mil pesos.
Sin embargo, el documento señala que en 1996 el comité técnico del Fobaproa compró todo tipo de chatarra financiera
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