Iván Evair Saldaña
Periódico La Jornada
Martes 29 de abril de 2025, p. 11
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no tiene la obligación, por el momento
, de cumplir la sentencia que hace casi siete años dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre la reparación del daño a 11 mujeres víctimas de tortura y abuso sexual por parte de policías, durante las detenciones en Texcoco y San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
En sesión del pleno y por unanimidad de votos, el alto tribunal avaló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que concluyó que antes de cualquier actuación judicial, la Fiscalía General de la República (FGR) debe presentar el resultado de la investigación del crimen cometido hace 19 años.
Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa recordó que corresponde al Estado mexicano en su conjunto –y no sólo a un poder de la Unión– cumplir la sentencia de la Coridh de noviembre de 2018.
Ante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, surge la obligación internacional del Estado mexicano de cumplir la decisión de manera pronta, íntegra y expedita
, puntualizó.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf subrayó que el cumplimiento de una sentencia internacional requiere coordinación entre las instituciones del Estado para evitar contradicciones o incumplimientos que afecten al país. Sin embargo, en su fallo, el máximo tribunal retomó criterios previamente emitidos para que las autoridades competentes los apliquen en el cumplimiento de dicha sentencia.
En el considerando IX se abordan los aspectos relacionados con la condena por incumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones por actos de tortura, reseñando el parámetro establecido en la doctrina jurisprudencial interamericana y nacional respecto de la medida de reparación, consistente en continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias y pertinentes para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas
, explicó el ministro Pérez Dayán.
Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama sostuvo que la impunidad de los responsables de Atenco ha sido una herida abierta para el pueblo mexicano; sancionar los hechos es indispensable para garantizar que nunca más la represión sea considerada una respuesta legítima frente a la protesta social
.
El 28 de noviembre de 2018 la Coridh responsabilizó al Estado mexicano de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y violaciones a garantías judiciales. Entre las medidas de reparación, se ordenó investigar y sancionar a los responsables, ofrecer atención médica y sicológica gratuita a las víctimas, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a las fuerzas policiales en uso de la fuerza y violencia de género, establecer mecanismos de supervisión en operativos y pagar indemnizaciones.
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