▲ La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que no haya una sola base de identidad. Tenemos que ir poco a poco a ello. Es importante, son temas difíciles, pero es trascendente avanzar
.Foto Presidencia
Alonso Urrutia y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Martes 25 de marzo de 2025, p. 5
Con el fin de reforzar el marco legal para enfrentar el problema de los desaparecidos, el gobierno enviará al Congreso una iniciativa de reformas a las leyes General de Población y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Con ello, se creará la plataforma única de personalidad, a partir de que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convertirá en la fuente exclusiva de identidad de las personas
que tendrá vigencia desde el nacimiento.
En la conferencia presidencial, la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Ernestina Godoy, explicó que se creará la base nacional de carpetas de investigación, la cual se alimentará de la información que obligatoriamente deberán presentar las fiscalías General de la República y estatales. Con las modificaciones, las fiscalías deberán levantar una carpeta por desaparición al momento en que se denuncie, sin esperar 72 horas, y reportarla a esta base nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó que actualmente no hay una sola base de identidad. Tenemos que ir poco a poco a ello. Es importante, son temas difíciles, pero es trascendente avanzar. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo. No es de un mes a otro. ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda
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Afirmó que cualquier autoridad que investigue una desaparición debe tener acceso directo a todas las bases de datos (sea de vacunación, programas sociales, compra de boletos de avión) porque no puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no se tenga una base de datos nacional donde saber si se encontró en un lugar. Debe haber una sola base de datos nacional de identidad. Hasta ahora sí existe en la ley, pero no tal cual como la base
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Godoy subrayó que el objetivo central es interconectar a todas las autoridades en la materia para permitir el intercambio de información en tiempo real, fuentes oficiales, incluso entes privados, con lo cual se podrá alertar, de forma oportuna, cuando se denuncie una desaparición. Este mecanismo fortalecerá las tareas de las fiscalías estatales para una investigación más rápida y efectiva porque contarán con nuevas herramientas, con tecnología, ciencia y vinculación interinstitucional.
Destacó que el nuevo esquema de la CURP, como fuente única de identificación oficial
, obliga a que todas las autoridades y los entes privados realicen trámites y registros administrativos con la cédula que será incorporada de forma paulatina.
En paralelo a la base nacional de carpetas de investigación, será obligatorio para autoridades suministrar información y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses que estará administrado por la Fiscalía General de la República. Las instancias privadas que cuenten con datos personales estarán obligadas a compartirlos con autoridades para la búsqueda de individuos respetando la Ley de Datos Personales.
Godoy declaró que también se fortalecerá a las comisiones Nacional y estatales de Búsqueda y al Registro Nacional de Personas Desaparecidos y No Localizadas, mismas que ahora difundirán la información aportada por las fiscalías y por otras instancias. Además, se crea el sistema nacional de alertas.
Se impulsará en esta ley un fortalecimiento, una obligación para las fiscalías estatales: que deberán contar, por lo menos, con unidades especializadas de investigación, unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, áreas especializadas en delitos cibernéticos, y unidades de atención a víctimas.
Las reformas incluyen sanciones a funcionarios de fiscalías, comisiones de búsqueda, forenses, cementerios, crematorios y cualquier otra autoridad con información de biométricos que no proporcionen la información a la que estén obligados o no mantengan actualizados los datos. Las multas serán de entre 10 mil y 20 mil unidades de medida administrativa, esto es, desde un millón 134 mil pesos hasta 2 millones 268 mil pesos.
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