Una compleja red transfronteriza establecida por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permite el robo de combustible sistemático a Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia Estados Unidos.
El operativo, que se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más lucrativas para el grupo criminal, fue detallado en documentos recientes publicados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La estructura, descrita como una “fuente alternativa de ingresos” del cártel, opera con el mismo nivel de sofisticación logística que los esquemas de narcotráfico.
Inicia con la extracción ilegal de crudo en territorio mexicano y finaliza en el mercado energético estadounidense y global, tras un recorrido que incluye corrupción institucional, transporte encubierto, empresas fantasma y comercialización fraudulenta.
El punto de partida del esquema es el robo de crudo directamente de la infraestructura de Pemex, mediante tomas clandestinas perforadas en ductos, así como los sobornos a empleados de la empresa estatal.
El producto se extrae en zonas donde el CJNG mantiene redes de perforación y corrupción, como Veracruz y otras regiones estratégicas del Golfo de México, según reportes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cabe apuntar que el grupo criminal también tiene presencia en otras entidades clave como Jalisco, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, aunque éstas no son mencionadas en los documentos.
Desde esos puntos, el hidrocarburo es transportado hacia zonas fronterizas, especialmente en Tamaulipas, que funcionan como corredor logístico para el contrabando hacia Texas.
De acuerdo con un mapa revelado por el Departamento del Tesoro, una vez sustraído, el crudo es transportado a instalaciones controladas por el cártel, donde se almacena en tanques clandestinos o camiones cisterna.
Desde ahí, el combustible viaja hacia la frontera norte, particularmente hacia cruces ubicados en el estado de Tamaulipas, zona bajo control de César Morfín Morfín, alias “Primito”, identificado por OFAC como el líder del CJNG en esa entidad.
Según el informe, “Primito” controla los cruces clave entre Tamaulipas y el sur de Texas y exige el pago de cuotas a los operadores de camiones cisterna que transportan crudo robado, incluso cuando estos cargamentos no son gestionados directamente por su célula.
Estos vehículos, pertenecientes a otras facciones del CJNG o a intermediarios cómplices, requieren su autorización para usar las rutas que controla. Además, supervisa la falsificación de documentos aduaneros, haciendo pasar el crudo por “aceite usado” u otros materiales regulados, lo que les permite evadir inspecciones y restricciones fiscales y ambientales tanto en México como en Estados Unidos.
Una vez cruzada la frontera, el crudo es depositado en lotes vacíos y centros de almacenamiento en el sur de Texas, en regiones como el Permian Basin, Dallas y Houston. Estos terrenos son administrados por empresas fachada controladas o infiltradas por el CJNG, o por importadores cómplices que tienen vínculos comerciales con la organización.
El combustible robado es luego revendido a precio reducido a refinerías o distribuidores de petróleo y gas en EEUU, así como a corredores internacionales que lo colocan en mercados de países como India, Japón o regiones de África, según la documentación oficial.
(FinCEN)
Estos distribuidores —según el informe— en ocasiones desconocen el origen ilícito del producto, mientras que otros podrían estar al tanto y beneficiarse de los márgenes extraordinarios de ganancia.
Además, el esquema incluye el uso de “terrenos baldíos con infraestructura móvil” para almacenamiento temporal, una práctica que dificulta el rastreo del crudo robado. Desde allí, el producto es despachado a importadores estadounidenses que lo colocan en el mercado energético global, generando cientos de millones de dólares en ganancias anuales para el CJNG.
El Departamento del Tesoro identificó a dos compañías clave que operan directamente para el CJNG en este esquema: Servicios Logísticos Ambientales S.A. de C.V., registrada en México con permisos para el transporte de materiales peligrosos; y Grupo Jala Logística S.A. de C.V., especializada en transporte de hidrocarburos.
Ambas están bajo control de César Morfín Morfín y que han sido sancionadas por OFAC por participar en la cadena de distribución de petróleo robado.
A pesar del alcance de las sanciones estadounidenses, el negocio del huachicol sigue profundamente arraigado en la economía informal mexicana.
“Muchos mexicanos compran combustible robado sin saberlo, porque los criminales venden a las gasolineras”, explicó a InSight Crime el consultor en seguridad David Saucedo.
Según el especialista, también hay empresas de transporte, construcción y carga que adquieren combustible robado para reducir costos, lo que amplía el mercado y complica su erradicación.
El señalamiento de Estados Unidos refleja un giro en su estrategia contra el CJNG, al enfocarse no solo en el tráfico de drogas, sino también en economías paralelas que sostienen sus operaciones. Sin embargo, el impacto real sería limitado.
“No es algo que va a cambiar fundamentalmente la dinámica del cartel”, dijo Jaime López-Aranda, experto en seguridad pública, quien advirtió sobre la dificultad para desarticular las redes empresariales implicadas. Aunque visibles, las sanciones apenas rozan la infraestructura que permite al CJNG convertir el robo de combustible en una fuente sostenida de ingresos.
Deja una respuesta