Daniel González Degadillo
Periódico La Jornada
Viernes 6 de junio de 2025, p. 12
En el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente, Itzel Arteaga, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), exhortó ayer a las autoridades a crear políticas públicas de seguridad para los defensores de los ecosistemas y la tierra, apegados al Acuerdo de Escazú, ya que en el país fueron asesinados 25 el año pasado en el cumplimiento de su labor.
Con base en las investigaciones del Cemda, Arteaga apuntó que la mayor parte de las 236 agresiones registradas en 2024 están relacionadas con la defensa del territorio ante la imposición de proyectos de desarrollo, de los cuales no fueron informados y no les garantizaron participación en ellos. Nosotros creemos que el acuerdo de Escazú puede significar un cambio para el país, y (que) estas agresiones dejen de ocurrir
, comentó al señalar que el gobierno mexicano debe ser responsable al ser firmante del tratado.
Con la finalidad de crear entornos seguros, la activista explicó que este tratado internacional atribuye principios jurídicos a los defensores ambientales, como la igualdad y no discriminación, transparencia en información y rendición de cuentas, la no regresión, el principio precautorio, la máxima publicidad, la igualdad soberana de los estados y el principio pro persona.
Para cumplir con el acuerdo, es un asunto multifactorial, donde el Estado debe estar muy consciente de la situación en la que nos encontramos en México, y las personas defensoras en particular
, señaló durante el conversatorio Territorios, Resistencias y Escazú: Voces Defensoras en el Día Internacional del Medio Ambiente.
Mario Quintero, miembro de la asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio, destacó que desde 2011 la organización es beneficiada por el mecanismo de seguridad y desde entonces luchan para que el programa ejerza su función de seguridad, debido a que su labor ha sido defender y asesorar a las personas afectadas por los megaproyectos en Oaxaca.
Gabriela Cervantes, del Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, resaltó que se debe crear un mapa de zonas ambientales dañadas y una lista general de los defensores del territorio, derechos humanos y cuestiones ambientales para tener acceso a la justicia.
Carmen Guillén Méndez, del Consejo Vecinal Colonia 5 de Mayo, expuso que se les han negado los derechos de protección en su lucha en defensa de sus territorios y las zonas naturales, especialmente en Chiapas, y no son tomados en cuenta por ninguno de los niveles de gobierno del país.
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