La secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que, de 2024 a mayo de este año, se han registrado “alarmantes” determinaciones judiciales por jueces por lo que 100 delicuentes han regresado a las calles.
Detalló que se tiene registró de 193 determinaciones de órganos jurisdiccionales que beneficiaron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos.
“Derivado de estas determinaciones se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos, lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles, además de 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”, informó.
Durante la conferencia matutina de este jueves, Harfuch detalló que estás decisiones han sido pese a que prevención y reinserción social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, así como delitos diversos de alto impacto.
“Por ello, en su mayoría estos sujetos requerían medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados a penales de mínima seguridad”, explicó.
Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de mayo de 2025. Fotos: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
Omar García Harfuch exhibió a los jueces que han liberado a delincuentes, entre ellos el juez Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, que lo señaló de haber resuelto medidas que han facilitado la liberación de personas procesadas por delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción.
Por ejemplo, el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alaniz, identificado como uno de los líderes de Cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado con apoyo de la Guardia Nacional. Se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etcétera.
Otros casos representativos del juez Gregorio Salazar, por ejemplo, es en enero del 2023, ordenó la libertad de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. En marzo del 2024, dictó auto de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, operador del Cártel del Golfo, facción de los Escorpiones.
En noviembre del 2024, revocó la medida de prisión preventiva de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas, líder del Cártel del Golfo, y revocó la medida de prisión preventiva Eduardo Alejandro N., vinculado con otros delitos.
Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre seferezos de personas privadas de la libertad, vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.
De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
Harfuch destacó que de octubre del 2024 a abril del 2025 fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales, como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, etc. Por mencionar algunos casos, en febrero del presente año se dio a conocer la detención de José Alonso N., colaborador de Kevin N. alias 200, jefe de seguridad de la facción Los Chapitos. Sin embargo, el 27 de febrero un juez determinó que no sería vinculado
“Ustedes saben el esfuerzo que realizan nuestros compañeros y compañeras de las diferentes instituciones de seguridad para llevar a cabo estas detenciones, donde muchas veces ponen en riesgo sus propias vidas. Por ello es inaceptable que órganos jurisdiccionales cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes“, indicó.
Sobre la Estrategia Nacional de Seguridad, el secretario de Seguridad Informó que en los primeros siete meses del gobierno de la Presidenta han sido detenidas más de 20 mil personas por delitos de alto impacto, además de que se han asegurado 154 toneladas de droga y más de 10 mil armas de fuego.
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