César Arellano García
Periódico La Jornada
Martes 29 de abril de 2025, p. 12
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión provisional que un secretario en funciones de juez federal otorgó al ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, la cual frena de momento la orden de captura en su contra por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El ex mandatario está acusado de desviar 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, en esa entidad.
José Alberto Rodríguez Rivera, en funciones de juez en el juzgado decimoprimero de distrito en materia penal, notificó a los magistrados del colegiado que el pasado 22 de abril concedió al ex servidor público la medida cautelar.
Por ello, el segundo tribunal colegiado en materia penal deberá resolver, en un plazo de 48 horas, si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
Según el expediente, el ex gobernador ya pagó la garantía de 52 mil pesos que le impuso el juez de amparo, para que la medida cautelar continúe vigente y la fiscalía no lo detenga, aunque se le imponga prisión preventiva justificada.
Sin embargo, Aureoles Conejo, quien es prófugo de la justicia, tiene que comparecer ante el juez que lo requiere, en un plazo de tres días hábiles; de lo contrario la suspensión será revocada.
El primero de marzo, cuando ya se habían librado las órdenes de aprehensión en su contra, y ocho de sus colaboradores, Silvano Aureoles salió de Morelia en un helicóptero de la empresa Servicios Aéreos La Viña (Aerotours La Viña), con destino a Guadalajara.
Aureoles Conejo, al ser enterado de la existencia del mandamiento judicial en su contra, salió de un restaurante del centro de Morelia, para trasladarse a las instalaciones de la empresa aérea y abordó la aeronave rumbo a Guadalajara.
En marzo pasado, en una audiencia que duró casi 22 horas, fueron vinculados a proceso Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP, quienes están en prisión preventiva justificada.
Las acusaciones están relacionadas con la operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para los cuarteles.
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