Ingresan colectivos al rancho; todo sigue igual que el 5 de marzo, dice buscadora

▲ Vista panorámica del rancho Izaguirre, ubicado a 60 kilómetros de Guadalajara y que fue parte de un ejido hasta 2020. A la derecha y abajo de estas líneas, aspectos de la visita de los colectivos de madres buscadoras, quienes consideran que en ese predio se materializó la desaparición y homicidio de hombres y mujeres de los que no se sabe nada desde hace meses o incluso años. En el rancho hay siete puntos de investigación que sólo están delimitados con cintas amarillas (imágenes en la parte inferior), que deberán ser pericialmente desahogados. La Fiscalía de Jalisco seguía ayer a cargo del caso y fue responsable de la logística para la visita de colectivos y medios de comunicación al lugar.Foto Germán Canseco y Arturo Campos

Gustavo Castillo y Juan Carlos Partida

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada
Viernes 21 de marzo de 2025, p. 4

Teuchitlán, Jal., Familiares de desaparecidos que ingresaron al rancho Izaguirre se quejaron de la falta de tacto de la fiscalía de Jalisco, tanto para recibirlos como para conducirlos y explicarles las investigaciones que se realizan en el terreno donde, presuntamente, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reclutaba de manera forzada y entrenaba a jóvenes como sicarios y asesinaba a quienes se negaban.

Nadie les dio información. Tuvieron que conformarse con recorrer todo el terreno a través de pasillos delimitados con cintas amarillas y desde ahí observar los puntos donde deben realizarse trabajos forenses. Pero ayer nadie cumplía esa tarea.

Los funcionarios estatales, los policías, los integrantes de la Fiscalía de Desaparecidos y algunos peritos forenses, de pie bajo un sol extenuante, sólo vigilaban a los extraños que querían conocer el avance de las labores periciales y de la investigación.

En el terreno de media hectárea todo es tierra suelta, cuartos vacíos como evidencia de lo que supuestamente se utilizaba como campo de entrenamiento de ejercicios pecho tierra, flexibilidad, fortalecimiento de brazos y piernas.

Hay puntos que, por las huellas del terreno, pudieron ser escenario de inhumaciones clandestinas. Son decenas de hoyos y zonas, ahora marcadas con banderines de color amarillo, verde y rojo, aún pendientes de ser explorados para labores periciales.

Una mujer llora en la esquina del bodegón donde, el 5 de marzo, el grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, al que ella pertenece, encontró cientos de prendas de vestir, calzado y enseres personales. Su dolor llama, convoca a pedir su testimonio, su historia.

La restricción del paso a esa bodega fue rota por los mismos funcionarios locales, que ayer la utilizaban para cubrirse el sol y guardar algunas cajas que, supuestamente, sirven para labores periciales.

En el mismo sitio que se supone era usado para que durmieran los reclutados a fuerza o por voluntad, otra mujer, Liliana Meza, estalla y sube la voz para que también retumbe en los tres muros que están a punto de derrumbarse. Está muy enojada por lo que considera una burla para ella y los centenares de personas que llegaron al rancho, con la esperanza, que nunca se extingue, de dar con sus amores.

Esto es una falta de respeto para nosotras

Liliana busca a su hijo Carlos Maximiliano Romero, secuestrado dentro de su casa en Zapopan, en 2020. Esto es una falta de respeto para todas y cada una de las que estamos aquí, dice. No nos han permitido nada, entramos a la fuerza al lugar, nos tuvieron media hora arriba de los camiones deshidratándonos, parados afuera también.

Reclama que, pese a que fueron trasladados de Guadalajara a Teuchitlán por la fiscalía de Jalisco, para ver los avances del procesamiento forense del rancho, no haya un agente del Ministerio Público o perito para explicar qué tanto se ha trabajado y avanzado en la búsqueda de más indicios.

Son mujeres las que muestran más indignación y rabia. Madres casi todas. María Candelaria Huerta Pizano, representante de colectivos solidarios de búsqueda de personas de Colima, quien llegó con la esperanza de llevar buenas nuevas al estado vecino, dice sospechar que en el lugar quedó mi hijo, por las prendas que vi en el catálogo que dio a conocer la fiscalía jalisciense.

Pero no encuentra una sola prenda, no hay quién le explique lo que pasó con los objetos personales ahí encontrados. Quería ver si hubiera restitos de los cuales se pudiera sacar la genética y no quedara nomás en mostrar la ropa.

María de Jesús Macías, madre de Gustavo Armando Álvarez, integrante de Guerreros Buscadores de Jalisco, la organización que entró al rancho antes que cualquier otra, asegura que, salvo las prendas, todo está igual que cuando ingresaron el 5 de marzo.

Sólo quitaron zacatito e hicieron dos puntos de 50 centímetros. Es lo único que han hecho. Se tiene que escarbar más, de un metro y medio a uno ochenta. No nos dejaban entrar, nosotras entramos a la fuerza, pero no vemos nada diferente, al contrario, venimos a recolectar más dolor al saber que no están haciendo algo, dice, con gran molestia.

Luego explica que las banderolas supuestamente señalan trabajos periciales en marcha, pero se queja de que nadie en ese momento está trabajando. Que lo ideal sería que lo estuvieran haciendo, que les dijeran si había nuevos indicios, que no sabe por qué no escarban más y que si no pueden hacer su trabajo, nos dejen a los colectivos hacerlo, puntualiza.

Los grupos de madres buscadoras interpusieron quejas ayer mismo ante las comisiones Nacional de Derechos Humanos y la Nacional de Búsqueda, por la falta de atención e información de la fiscalía de Jalisco respecto de las investigaciones que se realizan en el rancho Izaguirre.

Al final, los integrantes de las organizaciones civiles caminaron con enojo por el pasillo de cintas amarillas y abordaron los camiones de retorno a Guadalajara, dijeron, en espera de que la llegada de la fiscalía General de la República al caso pueda ofrecerles mejores resultados en un futuro cercano.

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