P
ocas organizaciones sindicales han sido tan atacadas mediáticamente como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde su creación en 1979, siempre fue un espacio incómodo para el poder. Es pertinente recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón, la CNTE se opuso firmemente a las políticas educativas del gobierno, en particular a la Alianza por la Calidad de la Educación, firmada en 2008 entre el gobierno federal y el SNTE.
Durante el sexenio de Calderón, la CNTE enfrentó una embestida frontal tras su rechazo a la llamada Alianza por la Calidad de la Educación
, un acuerdo entre el gobierno federal y el SNTE que, bajo el discurso de la calidad educativa, escondía una agenda neoliberal orientada a precarizar el trabajo docente y abrir paso a mecanismos de control estandarizado. La respuesta del gobierno no fue la negociación, sino la represión y la descalificación.
Lejos de propiciar el diálogo, la respuesta gubernamental fue la represión, la estigmatización y la deslegitimación de las voces disidentes. La prensa oficialista jugó un papel clave al alinearse con los intereses del gobierno y del SNTE, reproduciendo narrativas que criminalizaban al movimiento magisterial y silenciaban sus demandas legítimas.
El trasfondo político de esta confrontación se evidenció con claridad en la estrecha alianza entre el presidente Calderón y la entonces lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, esta relación, reiteradamente denunciada por la CNTE, representó una coalición de intereses partidistas y empresariales que subordinó la política educativa a fines ajenos al interés público. Dirigentes magisteriales como César Mendoza Toro y Reyes Rojas Cruz denunciaron que Gordillo utilizaba el poder sindical para favorecer agendas particulares, en detrimento del magisterio y de la educación pública en su conjunto.
Con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, la situación del magisterio no sólo no mejoró, sino que se agravó considerablemente. Su administración promovió una de las reformas educativas más regresivas de la historia reciente, sin consultar al magisterio ni considerar las condiciones reales de las escuelas en México. Bajo el argumento de una supuesta evaluación docente, la reforma impuso mecanismos punitivos que afectaron la estabilidad laboral de los maestros, sometiéndolos a exámenes estandarizados ajenos a sus contextos y fomentando un modelo de competencia individual que contradecía los principios de colaboración propios de la educación pública.
Ante estas medidas, la CNTE respondió con un amplio movimiento de resistencia que incluyó plantones, protestas y paros en diversas regiones del país.
Uno de los episodios más simbólicos ocurrió en septiembre de 2013, cuando, tras semanas de movilizaciones en la Ciudad de México, un fuerte operativo de la Policía Federal desalojó a los maestros del Zócalo capitalino, rompiendo el plantón que mantenían como protesta. Este desalojo, transmitido en vivo y celebrado por algunos medios, ocultó la violencia ejercida: golpes indiscriminados, uso excesivo de gas lacrimógeno, participación de militares disfrazados de policías y ataques incluso contra periodistas. El operativo dejó claro que el gobierno optó por la represión en lugar del diálogo, como también lo demostrarían después los trágicos sucesos de Nochixtlán en 2016.
Durante el sexenio, la prensa oficialista desempeñó un papel activo en la criminalización del magisterio, promoviendo discursos que responsabilizan a los maestros por las fallas estructurales del sistema educativo, mientras eximen de culpa al verdadero responsable: el Estado. Un ejemplo bastante grotesco fue el documental De Panzazo, realizado por el seudoperiodista Carlos Loret de Mola, que presenta al docente como el principal obstáculo para el avance educativo en México.
A través de una narrativa tendenciosa, el documental utiliza imágenes manipuladas y testimonios cuidadosamente seleccionados para reforzar estereotipos negativos, invisibilizando las legítimas luchas del magisterio por mejores condiciones laborales, pedagógicas y sociales. Este tipo de periodismo, lejos de informar con objetividad, actúa como portavoz del poder, contribuyendo al desprestigio del gremio docente y allanando el camino para políticas punitivas disfrazadas de reformas.
Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder, muchos esperaban un cambio de fondo en la relación entre el Estado y el magisterio democrático. Si bien su administración derogó algunos de los elementos más punitivos de la reforma peñista, los conflictos con la CNTE no desaparecieron, las demandas de fondo (la democratización del sistema educativo, el respeto a los derechos laborales, y una reforma integral construida desde las bases) no han sido plenamente atendidas. Peor aún, ciertos sectores afines al oficialismo han replicado la narrativa de los gobiernos anteriores, presentando a la CNTE como un grupo de presión irracional e intransigente.
Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, lejos de cesar la criminalización mediática del magisterio democrático, ésta ha adoptado nuevas formas y nuevos voceros. Críticos del régimen anterior, ahora actúan como escuderos de las políticas injustas, alineándose con una narrativa que descalifica y estigmatiza a la CNTE. A ellos se han sumado los llamados yutuberos
afines al oficialismo, quienes, con discursos cargados de simplismo y lealtad ciega, han contribuido a fortalecer la percepción de que las exigencias docentes son caprichos políticos y no luchas legítimas por derechos fundamentales. Así, bajo la fachada del periodismo alternativo o del compromiso con la 4T, estos comunicadores se han sumado a la larga lista de quienes históricamente han atacado a los maestros por atreverse a exigir justicia.
* Maestro
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