La Jornada: Demócratas de ocasión

argo es el rezago que presenta el Poder Judicial en México, conservador no sólo ahora sino siempre, y no exclusivamente en México, sino en todo el mundo. En tiempos de transformaciones son los impartidores de justicia quienes más se resisten a avanzar en las renovaciones; también son los últimos en sumarse a ellas.

Excusados en una aparente independencia judicial, las élites del Poder Judicial defienden su intereses políticos, los más conservadores. En su intento por detener el avance de la democratización de la impartición de justicia, han usurpado funciones que no les corresponden. Pretendieron violar la división de poderes –principio constitucional fundamental que evita la concentración de poder en una sola institución– e intentaron pasar por encima del Poder Legislativo para detener la reforma judicial y la elección del Poder Judicial.

Con decisiones no jurídicas sino políticas, al intentar violar la división de poderes, el Poder Judicial pretendió vulnerar la voluntad popular expresada en urnas y con ello poner en riesgo la estabilidad del estado de derecho y del Estado mexicano. Se aferraron en impedir que los ciudadanos eligiéramos democráticamente a nuestros representantes del único poder cuyos integrantes –hasta el domingo 1º de junio– no eran elegidos popularmente.

La pasada elección del Poder Judicial se celebró como resultado de un mandato. La mayoría de los mexicanos decidieron, a través de sus representantes populares, una necesaria renovación del sistema de impartición de justicia y de jueces, ministros y magistrados, lo último a través de un ejercicio democrático que consagra el derecho constitucional del pueblo de que todo poder dimane de él.

Aun así, varios jueces, ministros y magistrados lucharon en coordinación con la oposición –con la cual tenían reuniones en lo oscurito– con un vasto repertorio de artimañas seudojurídicas, extorsiones, movilizaciones de trabajadores bajo amenazas y campañas con el afán de apanicar a la población con falsedades.

El Judicial debe ser independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo, pero jamás de la soberanía popular, principio que establece que el poder reside en el pueblo y no en un gobernante o grupo político, es decir, el pueblo es la fuente última de legitimidad del poder público. En palabras que nos son más cercanas: El pueblo quita, y el pueblo pone.

Y fue al pueblo al que el Poder Judicial quiso arrebatar su derecho y facultad para decidir democráticamente. Intentó una y otra vez torpedear la elección. No pudo, finalmente, el interés particular y retrógrado evitar la elección, pero sí entorpeció su organización a través de herramientas dilatorias y campañas desinformativas con intención de inhibir la participación.

Se dicen demócratas, pero llamaron al abstencionismo, algo que ven como triunfo. Son los mismos que dijeron defender al Instituto Nacional Electoral de un supuesto ataque en contra suyo, pero que llamaron a no participar en una elección que el mismo instituto organizó.

El abstencionismo erosiona a la democracia, sus consecuencias no pueden afectar sino de manera negativa a la sociedad. No votar influye de manera desproporcionada en las políticas públicas, ocasiona que los intereses reflejados no sean los de la mayoría. Quien llama a no votar busca restar legitimidad a las instituciones y apela al desencanto, a la apatía.

Quienes pidieron no participar temen que las decisiones sean tomadas por la mayoría porque buscan seguir siendo ellas, las minorías privilegiadas, quienes tengan las riendas del poder.

A la oposición –coludida con lo más rancio del Poder Judicial– llamar a sus huestes a no participar en la elección dejó el camino libre a las candidaturas que cuentan con la simpatía de la ciudadanía afín al proyecto de la Cuarta Transformación. Abandonaron a los aspirantes que hubiesen preferido como triunfadores, y a la misma democracia. Hoy se quejan de la ausencia de cosecha en un campo que no sembraron.

Buscaron erosionar a una democracia que no les conviene, que no desean, que repudian tanto como al ciudadano de a pie, al que ven tan inferior que lo acusan de no tener la capacidad de votar por los impartidores de justicia porque, dicen, el ciudadano no tiene la preparación ni el conocimiento

Por eso son oposición, no entienden que no entienden. Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de 2024, no se han dado a la tarea de reflexionar sobre el papel que una oposición debe tener. Llamar a la población a no ejercer un derecho que le corresponde y por el que tanto se ha luchado e incluso derramado sangre, el de votar, es un despropósito.

Somos una República, aunque haya quienes no lo deseen al tiempo en que, inconcebiblemente, se denominan demócratas.

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