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uánta desesperación se ha de estar viviendo en los variados ámbitos de la delincuencia. Si se piensa bien, las líneas esenciales de la Cuarta Transformación son como facetas de una pinza que se cierra en torno a ella: el fortalecimiento salarial sostenido y los programas sociales –particularmente, los que van dirigidos a los jóvenes–, los Polos de Bienestar, las Utopías, los Pilares, las acciones de construcción de paz, los planes de justicia para los pueblos indígenas, la construcción acelerada de centros de educación superior y las obras de infraestructura generadoras de empleos le han están quitando a los grupos criminales mucha de la fuerza de trabajo que requieren para operar. El promisorio engaño del camino que va del halconeo al sicariato, a la jefatura de plaza y así, hasta llegar al liderazgo delictivo, ha perdido mucho de su encanto conforme se han ido consolidando vías decorosas y pacíficas para el ejercicio de los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a una vida digna, pacífica y larga.
Por otra parte, la estrategia de seguridad y protección ciudadana, fundamentada en acciones de inteligencia policial, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la remoción de fiscales entregados a la delincuencia y el saneamiento de cuerpos policiales –tarea espinosa y lenta–, no sólo se ha traducido en una reducción significativa de los índices delictivos y en la neutralización de miles de individuos y células generadoras de violencia, sino que ha contribuido a incrementar la confianza de la población en las corporaciones civiles y militares. A contrapelo de los discursos que pretenden vender a la opinión pública supuestos fenómenos de criminalidad fuera de control, los índices delictivos se han ido reduciendo, si bien no a la velocidad a la que casi todo mundo querría. Declarar una guerra es fácil; lo difícil es desactivar las inercias de violencia que deja a su paso.
En tercer lugar, la lucha contra la corrupción y la aplicación de medidas de austeridad han reducido drásticamente los espacios de impunidad y connivencia entre servidores públicos y delincuentes de todas las especialidades: desde los encopetados que vivían demasiado bien vendiendo al sector público bienes y servicios inexistentes o a precios inflados hasta los asesinos, violadores y secuestradores que operaban con la protección de autoridades venales sin pisar nunca la cárcel. Esa red de complicidades entre las instituciones y la criminalidad se ha angostado en muchos ámbitos del Estado –aunque persisten bolsas de corrupción y es necesario documentarlas y erradicarlas– y sufrirá un golpe demoledor cuando se concrete la renovación del Poder Judicial que resulte de las elecciones que se realizarán en dos semanas.
La más criticada y vilipendiada de las líneas de acción del cambio iniciado en diciembre de 2018 y confirmado el 1º de octubre del año pasado es la revolución de las conciencias, consistente en la recuperación de la ética social que fue debilitada en el ciclo de gobiernos neoliberales. Sin embargo, la pacificación del país y el restablecimiento de la seguridad pública pasan obligadamente por el fortalecimiento entre la sociedad en general de convicciones fundamentales: por ejemplo, que el interés público debe ir por encima del individual, una sociedad que desatiende o maltrata a sus integrantes más débiles es una sociedad que camina al abismo y la cultura de la legalidad debe desterrar las pulsiones de la ley de la jungla.
Qué desesperados deben estar quienes se acostumbraron a medrar de la extorsión, del trasiego de drogas ilegales, del tráfico de personas, de la explotación de menores, del saqueo al erario, de movidas
inmobiliarias inmundas e irregulares, del despojo, de los fraudes con obras inexistentes o deficientes, de la venta de medicinas con sobreprecio, de la tala, de la apropiación ilegal de recursos hídricos, de la defraudación y la evasión fiscal, de los servicios subrogados, de la construcción a costos inflados de cárceles, gasoductos, autopistas y hospitales, de la mordida, de la apropiación de recursos públicos mediante la percepción indebida de sueldos y jubilaciones tan astronómicas como inmerecidas, de los operativos para torcer la opinión pública, de la traición al país. Y con cuánta rabiosa nostalgia han de estar añorando el viejo régimen.
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