José M. Murià
H
ace poco más de seis años, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador electo de Jalisco, en un alarde de soberbia, anunció que se aprestaba a refundar dicho estado. Lo cierto es que gente común y corriente
, como el suscrito, no alcanzó a percibir la grandeza de la intención.
Dicha observación nos incitaba a dudar de que la entidad federativa que cuando pierde arrebata
fuese una realidad y, a partir de la toma de posesión del hombre, dejaría de serlo.
Pasaron los años –seis para ser precisos– y la gente común y corriente
llegó a la conclusión de que, tan negativo resultado, más bien sugería un pequeño error de imprenta en el origen: en vez de leer refundar
debimos haber leído refundir
.
El hombre procedía de la presidencia municipal de Tlajomulco, misma que había alcanzado gracias al respaldo de López Obrador, a quien traicionó por dejarse seducir por un grupo de empresarios conservadores, preocupados por el ridículo y los panistas –especialmente el último de ellos, de sobrenombre Etilio
– que en plena euforia le había mentado la madre a todos los que no lo respaldaban.
Era evidente que el PAN no podía ganar y se fabricó, con éxito, la candidatura de Alfaro enarbolando un ideario tomando prestadas las letras MC, que preconizaban un incoloro e inodoro Movimiento Ciudadano.
El caso es que la fuerza conservadora recuperó el gobierno del estado y no lo ha soltado. Sin embargo, debemos reconocer que el actual, lejos está del despotismo que caracterizó al de Alfaro. Pablo Lemus Navarro es muy diferente a su antecesor, quien, por cierto, tenía otro candidato para sucederlo.
Entre otras cosas, procede de una ordenada familia de clase media que vivió de una prestigiada tienda de instrumentos musicales y un tío fue uno de los mejores futbolistas que en México han sido.
Alfaro, por su parte, desciende de un ex presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y el último rector de dicha estirpe que padeció la Universidad.
La retahíla de acciones censurables y subrepticias que le comportaron pingües ganancias al gobernador que acaba de salir, lo ponen en el filo de la navaja y a menos de que el sucesor lo proteja, debería acabar mal. Temas hay muchos que, esperábamos, salieran a la luz paulatinamente, pero las circunstancias se adelantaron y es de suponer que deberá explicar el extraordinario desarrollo de la delincuencia organizada durante su sexenio.
No es Teuchitlán, entre la población de Tala y de Ahualulco, al poniente de Guadalajara, el único sitio que tiene embarrados restos de la presencia del narcotráfico y cosas peores. Al noreste de nuestra ciudad capital, aquella orgullosa tierra que conocemos como Los Altos, ya hace tiempo que se ha convertido en un paraje dominado por la delincuencia, que contó con el disentimiento de las autoridades estatales, agravado por el hecho de que la zona roja
se extiende a Aguascalientes, Zacatecas y, sobre todo, Guanajuato que, según parece, se ha vuelto el paraíso de la delincuencia organizada.
Hay que tomar en cuenta la situación del llamado Norte de Jalisco: Bolaños, Colotlán, Chimaltitán, etc., que es una tierra donde la miseria y la complejidad del terreno están que ni mandados a hacer para las actividades clandestinas. De ahí, sin embargo, no se dice prácticamente nada. ¿Y qué decir de la colindancia con Michoacán? Esta entidad le echa la culpa a Jalisco y éste a su vez se lo revierte.
El tema del entrañable pueblo de Teuchitlán, tanto del rancho Izaguirre es la punta de un iceberg
de podredumbre comarcal que, si se investiga con más cuidado, tiene mucho por ofrecer.
Alfaro no asoma ni las narices; su sucesor ha dado la cara como debe hacerlo un hombre honrado. Uno de sus problemas mayores debe ser discernir entre quiénes de su entorno pueden tirar la primera piedra. Al hombre le quedan cinco años y medio de gestión, con la mejor de las intenciones. Sería una pena que le echaran a perder sus proyectos.
Supongo que también los jaliscienses deberíamos dar la cara junto a él y abrir la boca para manifestar lo que pensamos.
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