De la Redacción
Periódico La Jornada
Domingo 23 de marzo de 2025, p. 6
El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como más de 150 organizaciones y colectivos nacionales e internacionales repudiaron la campaña de desprestigio y criminalización que hacen al unísono gobiernos corruptos y grupos delictivos en contra de las madres, padres y familias buscadoras
, luego del hallazgo de restos humanos y cientos de prendas y objetos en el rancho Izaguirre, en Jalisco.
En una carta, hicieron suyo el luto que inunda los campos y las ciudades ante las más de 124 mil personas desaparecidas
en el país, y expusieron que la citada campaña está dirigida “a generar condiciones para la represión por parte de los gobiernos o sus narco-paramilitares, capaces de engendrar crímenes de lesa humanidad como el horror del crematorio clandestino de Teuchitlán”.
Señalaron que aunque las autoridades le llamen como quieran y pretendan justificarlo criminalizando a las víctimas, es un centro de exterminio al servicio del capital, el mismo que sostienen y protegen quienes dicen gobernar este país
.
El CNI, el EZLN y las demás organizaciones se dijeron indignados
por “cómo esta estrategia de desprestigio y criminalización es similar a la que los militares y el gobierno federal han ensayado en los años anteriores en contra de los familiares de los 43 (normalistas) de Ayotzinapa y sus asesores, otra herida viva, otro infierno desatado por este narcoestado”.
Consideraron que los cárteles criminales y sus grupos armados, “de manera notable el cártel Jalisco Nueva Generación (relacionado con el centro de reclutamiento forzado del rancho Izaguirre), son protegidos por los gobiernos; como les otorgan impunidad y apoyo a través de las fiscalías, los jueces y los cuerpos de seguridad pública, incluidos los militares”.
En la misiva, igualmente apuntaron que los campos de exterminio, los paramilitares, las fuerzas armadas y las corporaciones policiacas son parte de la misma maquinaria que despoja, asesina y desaparece
.
Responsabilizaron al Estado mexicano, a sus instituciones y a los intereses capitalistas que lo sostienen, de cualquier daño a las madres, padres y familias buscadoras
. Llamaron a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz y la memoria para exigir justicia.
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