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esde el río Lempa, que desemboca en el Atlántico hasta el río Guapinol, que sale al mar Caribe, comunidades se enfrentan a fuerzas policiacas y paramilitares en la defensa de su agua y sus territorios de rapaces proyectos extractivos, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas con que se puedan distinguir a los gobiernos de Nayib Bukele y de Xiomara Castro.
En Santa Tecla, cerca de San Salvador, el gobierno pretendía evacuar a 300 personas la semana pasada. Organizaciones de todo el país se unieron para defender los derechos de esas comunidades, lo cual ha llevado de manera triunfante a que el juzgado de lo legal de esa localidad haya nulificado, el pasado 16 de mayo, las órdenes de desalojo de familias de la Cooperativa de Producción Agropecuaria El Bosque.
Sin embargo, el régimen de Nayib Bukele capturó al pastor Ángel Pérez y a Alejandro Henríquez, abogado y vocero del Foro del Agua de El Salvador, organización desde la cual se defiende el agua como un bien natural y público, y que no debe de ser privatizado (https://forodelagua.org.sv/). La Asociación de Desarrollo Social de El Salvador (ADES) ha señalado este caso como ejemplo de un patrón de la criminalización que busca desarticular la organización comunitaria en el país. Miles de salvadoreños exigen la liberación inmediata de los defensores detenidos y el cese de la persecución judicial, llamando a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y a sumarse a la defensa de los derechos humanos y del territorio
(https://tinyurl.com/4ap8ej26).
La gravedad de la situación de los derechos humanos en El Salvador es cada vez más visible internacionalmente. La Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, ha externado su preocupación por los Defensores del Agua de Santa Marta y por la detención de Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador, quien ha denunciado violaciones a derechos humanos en cárceles salvadoreñas (https://tinyurl.com/2p4u6kfn), que albergan a más de 110 mil reos, muchos encarcelados sin debido proceso, bajo el régimen de excepción de Bukele, incluyendo el infame Centro de Contención del Terrorismo (Cecot). Como Jonah Valdez escribe en The Intercept, en un escalofriante reporte, estos son casos, como el de Kilmar Ábrego García y otros trasladados de EU al Cecot, que merecen atención; son sólo una parte de un número insondable de personas privadas del debido proceso y desaparecidas en el sistema penitenciario de El Salvador (y) mientras el gobierno ha abierto el CECOT a medios de comunicación internacionales y legisladores conservadores estadunidenses, Bukele ha mantenido la mayoría de sus prisiones fuera de vista (https://tinyurl.com/3fd7b4yd).
Ante el creciente desmoronamiento de la imagen de Bukele, adentro y afuera del país, se extiende un miedo a su reacción represiva, y más dado el espaldarazo y alimento del gobierno de Donald Trump. Pero la comunidad internacional
también se hace de la vista gorda enviando, por medio del Fondo Monetario Internacional, un salvavidas de mil 400 millones de dólares al autoproclamado “dictador más cool del mundo”. Esto a pesar de que, como dice reportaje de Jimmy Alvarado en El Faro, publicación que tuvo que exiliarse por amenazas a la libertad de expresión: “El acuerdo [con el FMI] no detalla la lista de compromisos adquiridos, más allá de los cambios ya realizados en la Ley Bitcoin y la aprobación de una Ley Anticorrupción, que, según expertos, no eliminará las restricciones a toda la información pública que ha sido declarada reservada o secreta [por Bukele] (https://tinyurl.com/23newcnc)”.
En Honduras, mientras, se libra una batalla por defender el agua y los territorios, lo que ha costado muchas vidas. José Artiga –director de la Fundación SHARE (https://www.share-elsalvador.org/), que trabaja en El Salvador y Honduras desde 1981 acompañando la lucha de sus pueblos por la justicia social y el ambiente– me dice que a ocho meses del asesinato del ambientalista Juan López no vemos justicia ni investigación de los asesinos intelectuales; igual en El Salvador se violan los derechos de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En ambos países la justicia se inclina hacia las compañías mineras y las que destruyen el ambiente y la comunidad
.
Más de 250 organizaciones de todo el mundo se han solidarizado con las comunidades del municipio de Tocoa, donde fue asesinado Juan López el 14 de septiembre de 2024 a los 46 años, exigiendo el cumplimiento de medidas de protección y rechazando el megaproyecto extractivo que amenaza al Parque Nacional Carlos Escaleras (https://www.guapinolresiste.org/blog). Se condena al Estado hondureño por no haber implementado plenamente las medidas de protección de acuerdo con el MC 137-2023, otorgado por la CIDH hace año y medio
y denuncian el incumplimiento de las obligaciones internacionales de funcionarios del gobierno de Xiomara Castro ante el megaproyecto minero, termoeléctrico de Pinares/Ecotek/Emco (https://tinyurl.com/mr3wz7fs). Para colmo, recién se aprobó una Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental que organizaciones denuncian que será un nuevo golpe contra los recursos naturales del país (https://tinyurl.com/59v7tczx).
En El Salvador y Honduras las luchas comunitarias son ejemplares y tienen como denominador común el de otras localidades de México y todo el mundo: la insaciable sed de ganancias y la desenfrenada destrucción de proyectos extractivistas capitalistas, que no respetan nada y para los cuales los pueblos son un mero estorbo.
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
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