mucho más que una declaración desafortunada

n el contexto de la reunión del pasado 27 de mayo de la Presidenta de la República con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, el fiscal especial Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, declaró lo que considera avances del caso: tenemos 120 detenidos; más de 46 causas penales; llevamos más de 800 lugares visitados en la sierra buscando los cadáveres. Esta última expresión resulta particularmente grave, pues revela la distancia de la autoridad investigadora con las voces de las víctimas como de hecho lo son junto a sus hijos, los padres de los estudiantes que durante más de una década han luchado bajo la fuerte consigna de: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ello derivó en la petición de su remoción. De hecho ya se cuestionaba la labor del fiscal que sustituyó a Omar Gomez Trejo quien era avalado por los familiares y dejó su función en contexto de divergencias institucionales motivadas por su labor y avances en la investigación.

La postura de Gómez Piedra revela un tema delicado y presente en todas las labores de búsqueda de desaparecidos en el país por parte de las autoridades que deben investigar y dar con el paradero de las víctimas . A esa concepción y práctica obedecen los nulos resultados y la creación de grupos de búsqueda de manera directa por sus padres, tema álgido y objeto incluso de abierta diferencia del gobierno mexicano con el organismo de la ONU que abordó recientemente dicha problemática y planteó la posibilidad de que la Asamblea General aborde el caso de México. Valdría la pena que la Presidenta de la República trascienda el comentario de que el fiscal Gómez Piedra emitió una declaración desafortunada, pues su postura trastoca de fondo el sentido de derechos humanos en torno a la desaparición forzada y el enfoque de búsqueda que debe prevalecer en la autoridad de investigación y en su caso en las juzgadoras.

Se ha mencionado que se está considerando la remoción del fiscal del caso en funciones y que, de ser así, se buscaría a alguien que los padres le tengan confianza. Ojalá se dimensione la urgencia de dar un vuelco a ese proceso complejo de una búsqueda de la verdad que ha dejado de lado los avances que en su momento aportó el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) en especial con la muy fuerte asignatura pendiente de la entrega de 800 folios por parte del Ejército, documentos claves que en los hechos han frenado el avance y esclarecimiento de un caso emblemático por sí mismo y doblemente, pues Ayotzinapa y sus normalistas desaparecidos en los hechos aparecen hermanados al movimiento estudiantil de 1968, cuya masacre en Tlaltelolco, el 2 de octubre de ese año, permanece impune y también fue frenado su intento de judicialización. Otro tiempo, otras circunstancias: 68 con masacre de estudiantes; Ayotzinapa: estudiantes también bajo el manto de la desaparición forzada. En ambos casos el Ejército ha jugado un papel central para imponerse sobre la voluntad presidencial.

Regresando al discurso político actual en el gobierno federal y subrayo político no jurídico, como correspondería, de que se abrirá nueva estrategia de investigación, al parecer vinculada al uso de tecnología avanzada, cualquier cosa que esto signifique, la cual no se informa porque se quiere la anuencia de los familiares. éstos siguen señalando que no reciben información que implique avances. Por lo pronto, el aparente desliz del fiscal resulta la noticia central. Reconoció lo obvio, muy sincero él: no han encontrado a los muchachos, dijo, pero a la vez señaló que buscan sus cadáveres.

Por otra parte se anunció que con el fin de utilizar nuevas formas de investigación, reforzar la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, se nombró a Mauricio Pazarán como coordinador general de investigación adscrito a la unidad especial de investigación y litigación del caso, el cual conoce las nuevas formas de investigación para aterrizarlas en carpetas de investigación.

Sin duda se requiere la decisión política presidencial para elaborar y difundir un informe cualitativo que retome los hallazgos del GIEI, el papel de miembros del Ejército y la negativa a entregar los 800 folios faltantes y expliquen los vínculos con el caso de los detenidos actuales, la implicación de la detención de la ex magistrada relacionada con destrucción de videos de la noche de Iguala. Un recuento que resulta indispensable para encontrar el sentido de las nuevas estrategias de investigación aún no difundidas, así como la revisión del rol de instancias como la Covaj. Seguimos trabajando, se insiste. Mientras, la continuidad implacable del dolor por la muy larga ausencia de sus hijos no impide a los familiares continuar hasta encontrarlos, como bien dijo uno de los padres hace días: El amor no tiene fecha de caducidad.

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