En 2018, el gobierno de Noruega introdujo un impuesto del 22% sobre los ingresos anuales obtenidos por alquileres vacacionales. Este gravamen, popularmente denominado “impuesto Airbnb”, buscaba reducir la oferta de este tipo de alojamientos al provocar la salida de aquellos anfitriones para quienes este pago resultaba poco rentable, el aumento en los costos de hospedaje o ambas cosas.
La decisión respondió a fuertes críticas del sector hotelero, que consideraba injusto que los alquileres a corto plazo estuvieran exentos de impuestos, así como a las quejas de los residentes afectados por la escasez de viviendas asequibles y las molestias ocasionadas por el turismo. Sin embargo, un estudio publicado en 2023 en Economics Letters evidenció que la medida no logró regular de manera efectiva el arrendamiento vacacional a través de Airbnb.
¿Por qué no funcionó?
El “impuesto Airbnb” únicamente aplicaba para aquellos propietarios cuyos ingresos superaban las 10,000 coronas anuales (18,985 pesos) y sobre el 85% de facturación. Con esta medida, el gobierno no solo quería frenar la expansión de Airbnb en el país. También se buscaba devolver las propiedades al mercado de alquiler residencial con precios asequibles.
Para descubrir los efectos de esta medida, Marcel Garz y Andrea Schneider, autores del estudio, analizaron la respuesta del mercado a esta medida y la compararon con Suecia, país con el que Noruega comparte similitudes en el terreno social, turístico e inmobiliario. Lo que descubrieron fue que los anfitriones no retiraron sus inmuebles de Airbnb ni aumentaron los precios.
Imagen | @JuanLuis_JG en X.
Luego de analizar datos a nivel individual sobre la población entre 2015 y 2019, los investigadores encontraron que el número de propiedades listadas en Airbnb no cambió “significativamente” después de la aplicación del impuesto. Observaron también que la mayoría de los caseros tuvieron que facturar alrededor de 5,131 dólares al año entre 2018 y 2019 (alrededor de 103,600 pesos). Esta cifra, aunque considerable, no provocó que abandonaran la actividad.
Para los investigadores, un factor clave por el que esta regulación no dio los resultados esperados fue “una aplicación deficiente de los impuestos“, ya que “dependía de que los contribuyentes declararan ellos mismos sus ingresos por alquiler“. Como se señala en el artículo, para lograr el efecto deseado, se necesitaría desplegar “diseños tributarios efectivos“. Actualmente, Noruega busca nuevas vías para regular el sector, como un impuesto al turismo.
La cruzada global por limitar a Airbnb
El caso noruego ha despertado el interés de otros países que buscan frenar el aumento de los alojamientos vacacionales, como España y México, donde la expansión de esta plataforma ha provocado el encarecimiento de la vivienda para los locales, quienes se han visto obligados a desplazarse a otros sitios en busca de rentas asequibles.
En el país Ibérico, el gobierno anunció su intención de llevar al Congreso una reforma fiscal que incluye la aplicación del IVA a los alquileres turísticos. Lo que aún se debate es si este gravamen será del 10% o del 21%. Esta no es la única medida en España para frenar a Airbnb. En Barcelona, el Ayuntamiento planea eliminar todas las viviendas de alquiler vacacional para el 2029. Francia e Italia también han tomado medidas para regular la aplicación.
En el caso de nuestro país, en octubre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México acordó limitar el número de noches al año que los propietarios pueden alquilar sus propiedades en plataformas digitales. En concreto, dichos inmuebles solo podrán ser usados para alojamientos de corta estancia durante la mitad de un año.
A través de eso se busca “equilibrar la competencia entre alojamientos tradicionales de corta estancia y hoteles tradicionales” y hacer frente a problemas como la gentrificación el aumento en el costo de las viviendas. Según Airbnb, esta medida solo favorece a la industria hotelera y no toma en cuenta el impacto económico para los ciudadanos que dependen de esta actividad económica.
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