H
ace una semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan fiscal impulsado por Donald Trump que contempla la imposición de un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que salgan de su país. En espera de que este plan –que originalmente contemplaba un impuesto de 5 por ciento– pase por la aprobación del Senado prevista para antes del 4 de julio, persiste la preocupación por los impactos que esta embestida tendrá sobre los migrantes en el país vecino, en las familias receptoras de remesas en México, en la economía de ambos países y en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Las remesas juegan un papel muy importante en la economía nacional. Desde 2015, los envíos de dinero de la población migrante en Estados Unidos a sus familias se convirtieron en la principal fuente de ingreso de divisas al país, superando los ingresos petroleros. De acuerdo con el Banco Mundial, México es la segunda economía receptora de remesas en el mundo y, dependiendo de la fuente consultada, se estima que las remesas componen entre 3.5 y 4 por ciento del PIB nacional. Además, el ingreso por remesas aumenta cada año en el país, con un crecimiento promedio de 7.8 por ciento entre 2019 y 2024, de acuerdo con un estudio de BBVA. Según el Banco de México, las remesas registraron en este 2025 el monto más alto en siete años para un primer trimestre, con un total de 14 mil 269 millones de dólares recibidos. Se estima que representan en promedio 27.6 por ciento del ingreso familiar trimestral.
No obstante, para dimensionar mejor el papel que juegan las remesas en nuestra economía, es preciso distinguir sus efectos diferenciados según el territorio del que se trate. Los estados que más reciben remesas en México son Michoacán, Jalisco y Guanajuato; sin embargo, para determinar su peso específico es necesario hacer la comparativa en función del tamaño de cada economía local. De acuerdo con ello, Chiapas, Guerrero y Michoacán, son los estados con mayor dependencia en las remesas, pues representan el 15.9, 13.8 y 11.1 por ciento del PIB estatal respectivamente, de acuerdo con el Banco de México.
Por su parte, un estudio de Citibanamex destaca que el ingreso por remesas equivale a 16.8 por ciento de la nómina salarial total del país, pero en estados como Chiapas esta proporción asciende hasta 52.7 por ciento de la nómina salarial en el estado; le siguen Guerrero y Zacatecas con 50.8 y 47.7 por ciento, respectivamente. Esta elevada proporción demuestra la importancia de las remesas para la economía familiar en comparación con el ingreso que se percibe por un empleo local.
Con este breve análisis podemos anticipar que el impacto del impuesto a las remesas no será menor. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que dicha medida impositiva podrá impactar en 3 por ciento del PIB. No obstante, se prevé que la medida no sólo impactará a México, sino que la resentirá el propio mercado interno de Estados Unidos. Si bien el impuesto podrá implicar un menor ingreso de remesas a México, también podrá significar un envío de mayor cantidad para mantener el ingreso de los familiares en nuestro país y, con ello, un remanente menor en dólares para las personas residentes en Estados Unidos, lo que disminuirá la capacidad de consumo en el país vecino.
Más allá de las cifras macroeconómicas, la mirada debe estar puesta especialmente en el impacto en la dinámica cotidiana de las familias, especialmente aquellas en situación de mayor precariedad cuya subsistencia depende de las remesas. Un reportaje publicado por Amapola, medio informativo independiente en Guerrero, relata cómo la economía de la comunidad de Zotoltitlán depende de las remesas que llegan del exterior, pues todas las familias tienen algún pariente en Estados Unidos. En dicha comunidad, las labores campesinas son principalmente para subsistencia y consideradas un ingreso secundario, pues las jornadas de trabajo son pagadas en alrededor de 450 pesos diarios, mientras las jornadas en campos agrícolas estadunidenses son pagadas en 18 dólares por hora. Casos como el de Zotoltitlán se repiten en muchas otras coordenadas de nuestro territorio, especialmente en el sur.
Si ya las medidas prohibicionistas del gobierno estadunidense complejizaron el ingreso y estancia de mexicanos en EU, ahora se complejiza la bonanza derivada de la migración, con una merma considerable en los ingresos de las familias. Esta medida se encuadra en el creciente carácter antimigratorio del actual gobierno estadunidense, que ha estigmatizado a los migrantes y los ha colocado en una situación de gran incertidumbre, lo mismo que ha ocurrido con otras poblaciones y, en general con la agenda de derechos humanos en el vecino país.
Por ello necesitamos impulsar un debate público para dimensionar el verdadero papel de la migración y su aporte económico tanto para las familias campesinas y obreras como para la obtención de amplios márgenes de ganancias para el sector empresarial estadunidense. Si bien el objetivo final debe ser el establecimiento de condiciones que garanticen que nadie tenga que salir de su territorio por necesidad, ello pasa por la defensa elemental del libre tránsito como derecho humano. Una correcta atención de la crisis migratoria en nuestra región se logrará con la cooperación internacional y con políticas públicas efectivas en comunidades de origen, tránsito y recepción de migrantes, y no con la criminalización, con la prohibición y con políticas de excepción, como las que recientemente se han vuelto inquietantemente más frecuentes en diversos países.
Deja una respuesta