En México, 4 millones 180 mil hombres que son padres no viven con sus hijos ni participan en su crianza, lo que representa el 9.3% de los 21.2 millones de padres identificados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre la población masculina mayor de 15 años. Esta cifra equivale a 4.18 millones de hogares encabezados por mujeres, que asumen la totalidad de las responsabilidades económicas y de cuidado.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estas madres representan una proporción significativa del mercado laboral femenino. Siete de cada diez buscan empleos con horarios flexibles para conciliar el trabajo remunerado con las tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, estos empleos suelen encontrarse en condiciones precarias, con bajos ingresos, sin prestaciones laborales y, con frecuencia, dentro de la economía informal.
En promedio, las mujeres en México dedican 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y los cuidados, mientras que los hombres dedican 15.9 horas, según datos del IMCO. Esta diferencia representa una sobrecarga de tiempo equivalente a una jornada laboral adicional, sin compensación económica ni respaldo institucional.
El acceso y cumplimiento de la pensión alimentaria es otro factor que impacta en la economía de estos hogares. Según cifras del INEGI sobre divorcios, en el 42% de los casos en los que se solicita pensión alimentaria, esta es concedida. No obstante, solo 2 de cada 10 mujeres consideran este ingreso como confiable, debido a que el cumplimiento es irregular y los montos suelen ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores.
Para atender esta problemática, se ha creado el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), un instrumento que permite identificar a quienes incumplen con el pago de pensiones. En 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Sabina, la cual establece un marco normativo que restringe derechos y trámites a los deudores alimentarios.
Entre las restricciones contempladas por esta legislación se incluyen la imposibilidad de salir del país, la suspensión de trámites oficiales como pasaportes o licencias, la prohibición para adquirir propiedades, ocupar cargos públicos o contraer matrimonio, salvo que se active una alerta en el Registro Civil.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que estas restricciones son constitucionales, al no tratarse de sanciones absolutas ni permanentes, y consideró que son proporcionales al objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención por parte de ambos progenitores. Las sanciones pueden suspenderse una vez que el deudor regulariza sus pagos.
Aunque la Ley Sabina ya fue publicada a nivel federal, su implementación aún es desigual. Existen entidades federativas que no han armonizado su legislación local para aplicar las disposiciones contenidas en esta norma, y otras que, a pesar de haberla aprobado, aún no cuentan con registros activos de deudores alimentarios.
Los datos disponibles permiten dimensionar que, detrás de cada caso de ausencia paterna, existen hogares sostenidos por mujeres que enfrentan simultáneamente la carga económica, el trabajo doméstico no remunerado y las implicaciones legales de la corresponsabilidad parental no ejercida.
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