Jessica Xantomila
Periódico La Jornada
Sábado 29 de marzo de 2025, p. 5
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abstenerse de emitir en lo futuro cualquier pronunciamiento en materia electoral, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra instó al Estado mexicano, particularmente al Poder Judicial de la Federación, respetar su mandato constitucional, garantizando su autonomía y libertad de acción.
Solicitó también el apoyo internacional del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), para iniciar un procedimiento especial para examinar e informar sobre la situación que se vive en México para el ejercicio de los derechos político- electorales.
Apoyo del Senado
En una denuncia pública, apeló a la Comisión de Derechos Humanos del Senado a que se pronuncie y evite que se consume este gravísimo atentado que puede ser el anuncio de más acciones similares que acaben por volver sobre nuestros pasos para restaurar algo que las y los mexicanos creíamos superado: el fraude electoral y la violencia política como razón de Estado
.
El fallo de la SCJN tiene que ver con una controversia constitucional promovida en 2022 por Lorenzo Córdova, entonces presidente del Instituto Nacional Electoral.
El martes pasado, la CNDH anunció que acatará el fallo, pero consideró que los razonamientos e interpretación de la SCJN son regresivos y restrictivos de la más amplia defensa de los derechos humanos
, además de que consideró que era censura y que la limita en sus funciones.
Ayer, en su denuncia pública, un documento de 21 páginas, también solicitó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos su respaldo por medio de la Sección de Instituciones Nacionales y Mecanismos Regionales de Derechos Humanos para exhortar al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte, a no limitar la actuación de la CNDH sobre los derechos político-electorales ya que estos son parte de la esfera de los derechos humanos
.
Pidió a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos la revisión del caso de forma urgente
y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su apoyo.
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