Ante la crisis de desapariciones en México, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU anunció este viernes la apertura de un procedimiento para analizar el fenómeno de la desaparición forzada en el país y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se trata de la primera vez que en México, el CED activa el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, abriendo la posibilidad a que el caso sea atraído por la Asamblea General de la ONU.
El presidente del Comité, Olivier de Frouville, reconoció que actualmente el país enfrenta una “situación preocupante” en relación con este fenómeno, razón por la que el órgano decidió aplicar tres procedimientos extremos establecidos en la Convención, entre ellos el de acción urgente (artículo 30) y el de comunicaciones individuales (artículo 31).
De Frouville explicó que se procedió de acuerdo al Artículo 34, que establece que si el comité considera que las informaciones fundamentadas confirman que las desapariciones se llevan a cabo de manera general o sistemática en territorio mexicano, el órgano podrá llevar el tema, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En este sentido, señaló que el CED primero analizará toda la información pertinente y puntualizó que este hecho de ninguna manera implica prejuzgar al Estado mexicano.
Agregó que enviarán la solicitud de información en las próximas semanas y enfatizó que el propósito del Comité es mantener una “cooperación y diálogo constructivo” con México para alcanzar un objetivo común.
Comité de la ONU dicta medidas cautelares por caso Teuchitlán
En otra acción aparte, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU dictó medidas cautelares por los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.
Las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y Solidaria Consultora aseguraron que esta decisión proviene de su petición al CED, de manera que puedan exigir el resguardo adecuado de los restos de los desaparecidos, acceso a la información para los familiares y la protección de los colectivos de búsqueda.
El Comité expresó su preocupación por el riesgo de daño irreparable a las pruebas encontradas en el predio, presuntamente utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de adiestramiento y exterminio, además de denunciar los obstáculos que enfrentan las familias de desaparecidos para participar en la investigación.
En un comunicado, el Comité resaltó la importancia de llevar a cabo las siguientes acciones urgentes:
- Resguardar el predio del Rancho Izaguirre y realizar actuaciones de búsqueda e investigación asegurando la participación de los familiares.
- Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el predio, en pleno respeto de la cadena de custodia.
- Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas.
- Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas.
- Finalmente, pide realizar un análisis de contexto para determinar patrones, esclarecer modus operandi de los perpetradores y determinar los perfiles de las personas desaparecidas.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente hay más de 126 mil personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio mexicano.
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