Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 29 de marzo de 2025, p. 7
La campaña de la elección judicial, que inicia mañana, tiene restricciones para servidores públicos, incluidos quienes son candidatos. Por ejemplo, hacer proselitismo fuera de sus horarios laborales, y ya la autoridad electoral busca ampliar las prohibiciones.
En cuanto a los grupos que pueden apoyar a los contendientes en este ejercicio, el principal límite es para partidos y asociaciones políticas, de ida y vuelta, es decir: ni buscar ni aceptar el apoyo de institutos políticos, aunque sí podrían recibir impulso de sindicatos, los cuales serían considerados como organizaciones
.
No obstante, persiste la prohibición general de la ley respecto a la coacción del voto y el acarreo para alterar la voluntad ciudadana, venga de donde venga esa movilización de personas.
Además de la difusión de mensajes en redes sociales comunes, no pagadas, los candidatos tendrán cancha de expresión en foros
o actos similares, organizados por instituciones educativas o por otras organizaciones, con el requisito de equidad, de dar espacios similares no solo a un candidato o siempre a los mismos, sino a más de uno.
La situación ideal sería convocar a espacios en los que participen todos los contendientes a un mismo cargo, pero ante el número de candidatos, 3 mil 422, para seis elecciones distintas, tal posibilidad sería imposible.
División de opiniones entre los consejeros
En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral (INE) alista lineamientos para acotar aún más la participación de servidores públicos en este proceso extraordinario, aunque desde un inicio se advirtió la división de posturas de los consejeros y magistrados.
Anoche, continuaba el análisis del anteproyecto circulado entre los consejeros y funcionarios del INE y no se descartaba una sesión sabatina para discutir el tema.
En la elección ordinaria del año pasado, las autoridades electorales determinaron prohibir la participación, como representantes o funcionarios de casilla, de servidores de la nación y demás personal vinculado con la operación de programas sociales.
Por lo pronto, existe un catálogo de infracciones para esta elección, así como reglas procesales y de la actuación en el trámite de procedimientos sancionadores a cargo de la Secretaría Ejecutiva del INE y de sus órganos desconcentrados, es decir, la manera de canalizar e investigar las quejas de presuntas irregularidades.
Ahí se marcan límites y prohibiciones para candidatos, partidos políticos, personas servidoras públicas, dirigentes y afiliados a partidos políticos, observadores electorales, concesionarios de radio y televisión, y cualquier persona física o jurídica.
En ese catálogo se incluyen siete prohibiciones de servidores públicos: realizar proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna y usar recursos públicos para fines de promoción de esta elección.
Asimismo, contratar espacios en medios de comunicación, de cualquier tipo, en favor de candidatos; usar programas sociales y de sus recursos para inducir o coaccionar el voto, así como participar en actos de proselitismo en días y horas laborales.
El siguiente punto establece más lineamientos para esta campaña: participar en actos de proselitismo de manera activa en días y horas no laborables, cuando no se ostente la calidad de persona candidata a juzgadora
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Además, subraya, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley electoral
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