Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Jueves 5 de junio de 2025, p. 4
La atención a quejas en materia de claridad se reanudó este miércoles 4 de junio, luego de un periodo de suspensión de plazos que se extendió desde el 20 de marzo y durante el cual, según datos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, se acumularon más de 133 mil inconformidades. Estas negativas de información deberán ser resueltas ahora por Transparencia para el Pueblo y por las nuevas autoridades encargadas de ese tema en el país.
La suspensión de los plazos se originó a partir de las reformas a las leyes de rendición de cuentas, que implicaron la desaparición del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Parte de las funciones y la estructura del INAI fueron absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. En este contexto, el 3 de junio concluyó el proceso de transferencia de expedientes y archivos desde dicha secretaría al órgano administrativo desconcentrado Transparencia para el Pueblo. Conforme a los tiempos establecidos en la normatividad, a partir del 4 de junio se iniciaron los trabajos para atender tanto las resoluciones pendientes del extinto INAI como las que se han acumulado.
Transparencia para el Pueblo entró en funciones el pasado 12 de mayo. Su titular, María Tanivet Ramos Reyes, ha asegurado que el objetivo será emitir resoluciones congruentes, exhaustivas, imparciales, apegadas a derecho, eficaces en su cumplimiento e inatacables para los sujetos obligados, privilegiando la efectividad del cumplimiento sobre el volumen de resoluciones. Este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá a su cargo la revisión y vigilancia de la totalidad de sujetos obligados, pero únicamente del Ejecutivo federal.
Otras entidades, como sindicatos, órganos autónomos, institutos, paraestatales, y los poderes Legislativo y Judicial, contarán con sus propias unidades de transparencia u órganos internos de control. Para estos organismos, la suspensión de plazos sigue vigente hasta el 19 de junio. A partir de esa fecha, las autoridades garantes correspondientes resolverán los recursos de revisión y las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia.
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