César Arellano y Gustavo Castillo
Periódico La Jornada
Viernes 28 de marzo de 2025, p. 6
El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) revocó por mayoría el acuerdo del 9 de abril del año pasado, en el que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenaba una investigación administrativa a su antecesor, Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción, enriquecimiento oculto y vulneración de la independencia del Poder Judicial de la Federación.
La resolución fue emitida el pasado 4 de diciembre, pero el CJF la había mantenido en sigilo, hasta que el asunto trascendió a punto de que el próximo domingo comiencen las campañas de la elección judicial.
El acuerdo de Piña también implicaba a ex colaboradores de Zaldívar. La pesquisa buscaba determinar si los señalados ejercieron presiones a jueces y magistrados para que dictaran resoluciones en beneficio de intereses personales y de terceros, y si se incurrió en acciones de violencia sexual, cohecho, abuso de funciones y desvío de recursos.
En el pleno del CJF votaron a favor de revocar el acuerdo los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez y Sergio Javier Molina Martínez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Celia Maya García. En contra de la resolución –es decir, a favor de investigar a Zaldívar y otros– estuvieron Lilia Mónica López Benítez, José Alfonso Montalvo Martínez y la propia Piña Hernández, quien también preside el consejo y anunció voto particular.
El fallo se produjo al resolver el CJF un recurso de inconformidad promovido por el magistrado Jaime Santana Turral. El pleno concluyó que nunca hubo pruebas que vincularan al quejoso con hechos narrados en una denuncia anónima presentada al pleno del consejo después de que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador relató que mantenía contactos con Zaldívar para tratar asuntos oficiales, en los que, según la acusación, resultaba favorecido el Ejecutivo.
La decisión también benefició a Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario general de la presidencia del CJF; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, ex titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles; Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, y jueces y magistrados, incluido Santana Turral, entre otros.
La revocación del acuerdo de Piña desechó, en consecuencia, la denuncia anónima por notoria improcedencia y dejó insubsistentes todas las actuaciones dentro de la investigación. El consejo cerró el caso en definitiva.
Fuentes judiciales indicaron que el ponente del proyecto de resolución fue el consejero Montalvo Martínez, quien pretendía resolver como improcedente el recurso y por lo tanto dejar vigente el acuerdo para investigar a Zaldívar.
Sin embargo, tras la votación, el pleno instruyó a Montalvo Martínez modificar el engrose de la resolución para adecuarla al resultado.
El pleno del CJF resolvió que, según su propia normativa, la denuncia anónima tuvo que haberse desechado de plano por falta de indicios suficientes y pruebas para determinar la falta y la presunta responsabilidad del servidor público.
Deja una respuesta