Jared Laureles
Periódico La Jornada
Sábado 22 de marzo de 2025, p. 4
Se deben tomar medidas legales urgentes
ante el despojo de casi 40 mil hectáreas de propiedad social y no se descartan denuncias de tipo penal y civil en contra de al menos 36 personas acaparadoras, que mediante engaños y estrategias ilícitas se apropiaron de estas tierras, aseveró Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-no (Sedatu).
En entrevista con La Jornada, la titular de la dependencia se refirió a un estudio hecho por el Registro Agrario Nacional (RAN), el cual reveló que políticos, empresarios y ex funcionarios acumularon grandes extensiones de tierras en zonas turísticas de alto valor comercial, bosques y selvas, así co-mo áreas naturales protegidas, para comercializarlas en proyectos inmobiliarios o proyectos mineros.
“La investigación es producto de un arduo trabajo, de un equipo que estuvo en el Registro Agrario Nacional; ahora necesitamos completarlo ya en acciones específicas… habrá que tomar algunas medidas de tipo penal, es lo más seguro, algunas de tipo civil, otras más de acciones concretas en territorio; hay de todo”, subrayó.
La funcionaria confirmó que ya se realiza una investigación inter-institucional sobre este esquema de despojo, en colaboración con el RAN, la Procuraduría Agraria, el Fondo de Fomento Ejidal y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, en la lógica de que es urgente tomar medidas
.
Con más de 20 años de experiencia en el servicio público en los sectores de desarrollo urbano y vivienda, Vega Rangel puntualizó que se están evaluando cada uno de los casos, sus particularidades, pues hay desde quienes engañaron
a los propietarios originales hasta quienes emplearon mecanismos como la falsificación de documentos o contra-tos leoninos
.
Como parte de los trabajos de investigación, se detectaron casos en los que falta ir directamente a territorio para hacer algunas entrevistas
, documentar y coadyuvar con las indagatorias que realizó el RAN.
De esta manera se podrá explorar alguna vía de resarcimiento, aunque, acotó, primero se tiene que definir una estrategia rigurosa, consolidar un plan de acción y presentarlo a la presidenta Claudia Shienbaum en un corto plazo
.
El domingo pasado este diario publicó una investigación del RAN, en la que da cuenta cómo, en complicidad con funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y políticos expoliaron
alrededor de 63 mil ejidos de propiedad social, principalmente en zonas turísticas del sureste del país, al amparo de las reformas privatizadoras en el campo, en el sexenio de Carlos Salinas.
Deja una respuesta