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l domingo 1º de junio, México vivió una jornada electoral histórica y sin precedentes: nos convertimos en el primer país del mundo en elegir, por voto popular, a todos los integrantes del Poder Judicial. Más de 2 mil 600 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales, estatales y de distrito fueron sometidos al análisis y elección directa de la ciudadanía. Esta transformación busca acercar a la población con quienes imparten justicia y fortalecer la legitimidad democrática de los mismos.
Una revisión en la historia de la democracia demuestra que ésta se aprende cuando el camino se torna transparente y se práctica con responsabilidad. Es decir, es un proceso que avanza por etapas y que precisa que los electores desarrollen un músculo político que la pongan al centro –y con el poder absoluto– de decidir cómo será gobernada. En ese sentido, más allá de las cifras de participación, esta elección es un éxito porque es parteaguas en la transformación democrática del país. Así lo abordó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al describir este proceso como un acto de empoderamiento popular frente a un sistema judicial anteriormente designado por unos cuantos
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Aunque los resultados finales se conocerán en los próximos días, el proceso de elección judicial marca un hito al visibilizar el respaldo ciudadano a perfiles comprometidos con la transformación del sistema de justicia. Entre quienes aventajan se encuentran figuras destacadas en la lucha por los derechos sociales y el acceso igualitario a la justicia: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Hugo Aguilar Ortiz. Su elección representa una apuesta colectiva por un Poder Judicial más cercano a las causas del pueblo.
Tienen especial relevancia los perfiles que encabezan el conteo y que se perfilan como presidentes de la Suprema Corte: Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz. Ambos representan una nueva visión de justicia arraigada en el compromiso de salvaguardar al pueblo. En el caso de Lenia Batres, su papel como ministra ha estado marcado por una postura firme en favor de la austeridad republicana, siendo la única integrante actual de la Corte que decidió reducirse el salario como gesto de congruencia con los principios de la Cuarta Transformación. Su formación jurídica, trayectoria legislativa y activismo político la convierten en una figura clave para impulsar una justicia más equitativa, humanista y con perspectiva social.
Hugo Aguilar Ortiz, abogado de origen mixteco, ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y a la construcción de un sistema legal más justo e incluyente. Su anuncio de no portar toga al asumir el cargo de ministro demuestra su compromiso con una justicia menos elitista y más cercana a la gente, dejando atrás los símbolos de privilegio y arrogancia que han caracterizado al Poder Judicial.
Frente a las críticas de sectores conservadores que han cuestionado la legitimidad del proceso, lo ocurrido debe entenderse como un esfuerzo democrático inédito por abrir el Poder Judicial a la participación popular, combatir la impunidad y establecer una verdadera confianza de la sociedad hacia las instituciones de justicia.
Este ejercicio constituye un paso decisivo hacia un sistema judicial más accesible, transparente y coherente con los valores de equidad e inclusión. La llegada de personas con compromiso probado en las luchas sociales no sólo fortalece la legitimidad del Poder Judicial, sino que abre la puerta a una nueva etapa de reformas necesarias para garantizar una justicia verdaderamente al servicio de todas y todos.
No fue una jornada electoral más: fue un acto de valentía colectiva. En un país donde, durante décadas, el poder judicial fue territorio exclusivo de las élites y donde la justicia solía hablar en nombre de unos pocos, el pueblo de México dio un paso decidido hacia el porvenir: hacerse cargo de su destino jurídico y político. Participar, aun en condiciones complejas, fue un acto de fe en la posibilidad de una justicia más humana, más cercana y más nuestra.
No debemos tener miedo a esta nueva responsabilidad. Hacerse cargo del rumbo del país –incluida la impartición de justicia– es parte esencial de la Transformación. Democratizar no es sólo elegir representantes, es también ejercer vigilancia, exigir rendición de cuentas y construir, entre todas y todos, un sistema que honre la dignidad del pueblo. Esta elección judicial inaugura una nueva etapa donde la ciudadanía no es espectadora y no dará marcha atrás; ahora es protagonista activa en la edificación de una nación más digna, justa, igualitaria y soberana.
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