▲ El INE busca reforzar la vigilancia de aspirantes a juzgadores. La imagen, en la sesión del consejo del pasado día 2.Foto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 26 de abril de 2025, p. 4
El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará un modelo de riesgos
para detectar candidaturas presuntamente vinculadas al crimen organizado, señaló Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización. A partir de la revisión de ingresos y gastos, siguiendo la pista del dinero, el INE busca reforzar esta vigilancia en la elección judicial.
Hasta el momento, el órgano ha recibido de los contendientes comprobantes de gasto por alrededor de 20 millones de pesos, en conjunto.
Por ejemplo, los candidatos a ministros de la Corte pueden erogar hasta 1.4 millones de su bolsillo, mientras otros aspirantes, entre 220 mil 326 y 800 mil pesos; el primero para quienes buscan la titularidad de un juzgado de distrito.
Al corte más reciente, del 11 de abril, los mil 564 abanderados a jueces de distrito habían reportado ingresos –todos ellos– por 17.8 millones y egresos por 5.4 millones, mientras en el lado opuesto, los 64 contendientes a ocupar un lugar en la Corte notificaron al INE ingresos generales por 9.5 millones y gastos por 2.4 millones.
Humphrey explicó que ante sospechas en esta materia, además de las investigaciones internas a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del instituto darán vista a las autoridades, como la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Lo anterior es aparte del mecanismo de vigilancia para recabar información que permita detectar candidatos con acusaciones y sentencias relacionadas con episodios de violencia, deudores alimentarios o prófugos de la justicia.
Son vías distintas, la 8 de 8 contra la violencia, los dos supuestos que adicionamos ahora en este procedimiento, más la revisión que haremos desde fiscalización con un modelo de riesgos para tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral
, expuso.
Para mí –agregó– la ruta es la que hemos seguido con la 8 de 8
(contra las formas de violencia), con el fin de acumular los documentos necesarios para que, en el eventual caso, puedan ser retiradas las postulaciones que no cumplan con los requisitos de elegibilidad. En su opinión, si alguien no los cumple no puede ser candidato y por tanto no puede ocupar un cargo de elección popular, como es ahora con los cargos para el Poder Judicial.
Restricciones
En materia de fiscalización, los candidatos en esta contienda inédita tienen una larga lista de reglas y restricciones de ingresos señalados por el árbitro de la contienda; en principio, no pueden gastar en espacios de radio y televisión, ni redes sociales pagadas; tampoco contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse.
Les está prohibido contratar lugares para realizar actos, por lo que cualquier reunión debe estar libre de equipos de sonido, pantallas digitales, sillas, lonas y templetes; no deben contratar servicios de perifoneo, adquirir uniformes con distintivos para el personal de apoyo a la campaña ni rotular vehículos. Tampoco pagar para hacer o difundir encuestas ni imprimir en materiales distintos al papel reciclado.
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