La falta de información oficial marca el paso del asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada. Nadie sabe quién apretó el gatillo, por qué lo hizo, quién dio la orden de disparar. Conocemos el cómo: un sicario anónimo descargó las 12 balas del cargador de una nueve milímetros contra el coche sin blindar de Ximena Guzmán. Ocho tiros acabaron en su cuerpo, los otros cuatro en el de su compañero, José Muñoz, ambos del equipo de confianza de la alcaldesa. Conocemos el cuándo: el martes, a las siete de la mañana, en plena hora punta de tráfico. Conocemos también el dónde: sobre la calzada de Tlalpan, una de las arterias más transitadas de la capital. Y hasta ahí. Nadie lo ha reivindicado oficial ni extraoficialmente, off the record, como sucede en ocasiones con este tipo de crímenes.
En este caso no hay nada a lo que agarrarse, por el momento. Los sicarios, al menos un gatillero y tres cómplices, eran profesionales: utilizaron una pistola limpia, en el argot policial, nunca usada en un crimen anterior; usaron guantes para no dejar huellas; cambiaron en dos ocasiones de vehículo, robados y con los números de serie alterados, en su huida para cubrir sus pasos; vigilaron el lugar de encuentro cada mañana de Guzmán, de 42 años, secretaria particular de Brugada, y Muñoz, de 52, asesor. La policía siguió el rastro de los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad C5 de la ciudad, pero les perdieron la pista en el Estado de México.
Tres días después —al cierre de este artículo—, las autoridades solo han celebrado una rueda de prensa en la que apenas anunciaron información que no hubiera sido ya revelada por los medios, algo que ha alimentado los rumores, las especulaciones y la desinformación. Los analistas de la violencia mexicana concuerdan en que apenas hay datos a partir de los que teorizar. Sin embargo, el nombre del Cartel de Jalisco Nueva Generación [CJNG] es el que ha sonado con más fuerza. Ninguna prueba permite, por el momento, vincularlos con el doble homicidio, pero, como indica David Saucedo, especialista en seguridad pública, el ataque “tiene la huella del crimen organizado y, si nos vamos a los antecedentes, el CJNG es el grupo criminal que normalmente atenta contra funcionarios de seguridad pública”.
El secretario de Seguridad de Ciudad de México, Pablo Vázquez, repitió una y otra vez en la rueda de prensa del miércoles que los investigadores no cuentan con un móvil ni con la identidad de los autores, ni materiales ni intelectuales. Sin embargo, aprovechó la conferencia para deslizar la idea de que se trató de la venganza de algún grupo del crimen organizado por las “detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana”. Lo dijo de pasada, apuntalando indirectamente la narrativa marcada por Morena, partido de Brugada: Guzmán y Muñoz murieron por hacer su trabajo y se han convertido en héroes de la patria, mártires de la Cuarta Transformación, el nombre con el que autodefinen su movimiento político.
Las declaraciones de Vázquez alimentaron la hoguera, “abonaron el terreno de la narrativa de los buenos contra los malos”, sintetiza María Teresa Martínez Trujillo, profesora investigadora del Tec de Monterrey especializada en el cruce entre el mundo político y el criminal. “[Vázquez] dice sin decir: ‘Esto es una venganza por haber hecho su trabajo’, que es una política de seguridad que, por cierto, todo el mundo duda que exista, ‘para que vean que sí hay política de seguridad y que estamos pagando sus costos‘”, desarrolla la académica, asociada al Centre de Recherches Internationales de Sciences Po de París. “Al interior del Gobierno de la ciudad la hipótesis es que el trabajo en contra del crimen organizado, los decomisos de droga y las capturas de narcos de alto perfil provocaron una reacción del crimen organizado y, como no podían atacar directamente a Brugada debido al círculo de seguridad que la protege todo el tiempo, fueron a por Ximena y José”, concuerda Saucedo.
Si se siguen las palabras de Vázquez hasta esas últimas “detenciones muy relevantes”, aparecerá una noticia del 15 de mayo, menos de una semana antes del doble homicidio: el arresto de un presunto líder local del CJNG en Ciudad de México, Israel N, junto a otros tres supuestos integrantes del poderoso cartel. Rodrigo Peña, investigador del Colegio de México experto en las dinámicas criminales de la capital, ha monitoreado las capturas durante el Gobierno de Brugada, que comenzó en junio de 2024. “La detención de más alto perfil fue la de mayo del jefe de plaza supuesto del CJNG. Es muy ruidoso, es mucha la tentación de pensar que hay una relación [con el atentado de Guzmán y Muñoz], pero no tenemos la información que nos permita brincar tan rápidamente la conexión”, apunta. “Han hecho detenciones de lo que llaman generadores de violencia de un sin fin de grupos. Eso dificulta [saber] de dónde puede venir [el ataque], pero en todo caso refuerza la idea de que tiene que ver con grupos criminales”.
La mayoría de los golpes de alto impacto contra el crimen en Ciudad de México se han dado contra mafias locales como La Unión Tepito, la Antiunión o el erosionado Cartel de Tláhuac. Son estos grupos de raíces y área de acción chilanga los que más razones tienen para vengarse, sostiene Saucedo, pero no cuentan con la “capacidad logística, operativa y de planeación para ejecutar un doble asesinato como el que ocurrió”. Esa es la paradoja que el analista señala: las pequeñas organizaciones capitalinas tienen motivos, pero no recursos, y las más grandes, como el CJNG, tienen la capacidad, pero menos motivaciones.
Más preguntas que respuestas
Las comparaciones han abundado entre el asesinato de Guzmán y Muñoz y el atentado fallido en 2020 contra Omar García Harfuch, zar de seguridad de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum —y, en los años del ataque, también el hombre fuerte de Sheinbaum cuando era alcaldesa de la capital—. Peña y Martínez Trujillo encuentran más discrepancias que similitudes en cuestiones como el perfil de las víctimas o en la capacidad de fuego de los atacantes. Al vehículo de Harfuch lo acribillaron con 414 balas disparadas por un arsenal propio de un ejército profesional. Sobrevivió gracias al blindaje de su coche, pero sus dos guardaespaldas fallecieron. Guzmán y Muñoz no contaban con escolta y ni siquiera viajaban en un automóvil blindado, un hecho que, de acuerdo con Saucedo, habría bastado para salvarlos.
La cuestión de por qué los colaboradores de Brugada no contaban con ningún tipo de protección resuena estos días. No es la única: como dice Martínez Trujillo, a estas alturas tenemos más preguntas que respuestas. Por ejemplo: por qué la policía conoce la ruta de los sicarios en su huida de la ciudad, pero no la del Estado de México; o por qué las víctimas fueron Guzmán y Muñoz, dos personalidades de alto perfil dentro del gabinete de la alcaldesa, pero prácticamente anónimos para el gran público, sin tirón mediático.
“Si se tratara, y solo si se tratara, de un mensaje para el poder político local, es una manera estridente y contundente de mostrar el vínculo violento”, opina la experta, fundadora del centro de pensamiento Noria Research, aunque pide tener cuidado con reproducir “narrativas que cada vez se vuelven más vacías porque seguimos sin tener ni una investigación ni sentencia ni proceso judicial”. En esa línea, Peña es cauto: “Yo daría un pequeño paso atrás, no sabemos si es venganza, probablemente no esté en código de venganza, sino de disputa de legitimidad, de reto, de mensaje preventivo. La hipótesis más fuerte es que se tocaron los intereses de un grupo o red criminal”.
Eunice Rendón, consultora de seguridad y colaboradora de Brugada durante la pasada campaña electoral —en la que trabajó también con Guzmán y Muñoz—, es contundente: “La hora, el lugar, la afluencia de personas, el perfil de los asesinados de forma directa, me parece retador por parte de quien lo haya hecho. Creo que puede estar implicado el crimen organizado o algún grupo de intereses afectado por decisiones del Gobierno. Es una afrenta directa al Gobierno de Ciudad de México, es una amenaza, algo que busca generar temor y es un golpe fuerte a ella [Brugada]: dos personas muy cercanas que tenían mucha información de ella, pero sobre todo de toda su confianza. También creo que es un parteaguas. Hemos visto ataques a funcionarios, pero así con esta magnitud y con esos perfiles es un mensaje nuevo. Son otros códigos que no habíamos visto. Yo pensé: ‘Puta, yo ayudaba a esa señora, pude haber estado ahí’. Lo vemos más cercano la gente que estamos en estas cosas. Nadie se salva, es un mensaje duro para la ciudad”.
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