“No se afecta el interés público ni se perjudican los derechos de los usuarios o terceros (con la renuncia de la concesión)”, expresó la representación legal de la empresa pública del Estado.
Al renunciar al título de concesión, la CFE tomará el control del fideicomiso creado por la propia estatal en 2022, en colaboración con Banco Azteca, con el objetivo de liquidar las deudas de la Red Compartida con 119 acreedores en caso de enfrentar dificultades para cumplir sus compromisos con empresas como Huawei, Nokia, AT&T, América Móvil, Operbes de Televisa, Telefónica, entre otras.
Gracias al fideicomiso, la CFE se hará acreedora del 48.63% de las acciones representativas del capital social de Altán, así como el 23.08% de derechos fideicomisarios de esa sociedad, otorgándole la capacidad de nombrar a dos de los 11 miembros del Consejo de Administración de la Red Compartida.
La condición que impuso el IFT busca evitar distorsiones en el mercado de la telefonía móvil, sin embargo, el propio regulador reconoce que aunque la CFE renuncie a su negocio mayorista existen riesgos de una influencia directa de la estatal en la operación y visión de negocio de Altán, a pesar de que ambas compañías manifestaron por escrito que su unión no incidirá en problemas de competencia.
Algunos de los riesgos que asoma el Instituto es que la gran influencia que tendrá la CFE en Altán daría lugar a generar incentivos para que no actúen de manera independiente, además de facilitar el intercambio de información entre ambas compañías en términos y/o condiciones de precios, calidad y tiempos de atención, más favorables respecto a sus clientes como son los Operadores Móviles Virtuales (OMV).
“Los argumentos de las partes (CFE y Altán) no se consideran suficientes para asegurar que la (unión de activos) no tendría influencia en Altán dada la participación y derechos que obtendría para nombrar miembros del Consejo de Administración en la empresa, así como riesgos de neutralidad a la competencia”, detalla el documento de resolución para avalar la unión de activos.
Actualmente Altán y la CFE, a través de su subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, cuentan con un convenio de compartición de ingresos y de infraestructura e insumos. La empresa de la Red Compartida comparte capacidad de red a CFE Telecom para operar como OMV, además de proveerle tarjetas SIM; mientras que la estatal provee a la Red Compartida de las torres y antenas que despliega a nivel nacional con la finalidad de fortalecer la capacidad su negocio mayorista.
El IFT emitió condiciones regulatorias para evitar que Altán y la CFE depreden el mercado móvil, pero la extinción del Instituto puede dar lugar a que estas reglas puedan ser difuminadas ahora que el gobierno será juez y parte en el sector de las telecomunicaciones.
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