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Denunciados por violentadores, 27 candidatos al Poder Judicial


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▲ Aspecto de la primera elección de jueces y magistrados.Foto Roberto García Ortiz

Fabiola Martínez

 

Periódico La Jornada
Sábado 14 de junio de 2025, p. 6

El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió denuncias contra 27 candidatos de la elección judicial –o señalados como tal– con supuestos antecedentes de violentadores en distintas modalidades, pero en ningún caso halló elementos suficientes para invalidar algún resultado.

Lo anterior, según el anteproyecto que presentará hoy la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE en el contexto de revisión 8 de 8, uno de los mecanismos para determinar si los aspirantes a ministros, magistrados y jueces cumplen con los requisitos de elegibilidad.

A la 8 de 8 (violencia en distintas modalidades) los consejeros electorales añadieron dos causas: que la persona sea morosa de pago de pensión alimentaria y/o que sea prófuga de la justicia.

Esta revisión fue impulsada por consejeros electorales bajo el argumento de que durante la revisión de expedientes de potenciales candidatos, los comités de evaluación (uno por cada Poder de la Unión) no hicieron el análisis de manera exhaustiva y en algunos casos ni siquiera se halló el formato, firmado bajo protesta de decir verdad, de que no se incurría en uno de los supuestos en la materia.

De todas las denuncias, el INE elaboró 19 dictámenes emitidos por la dirección ejecutiva de Asuntos Jurídicos del órgano, a partir de los cuales –dice el documento– se analizó y constató, con base en los expedientes integrados de lainformación compartida por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, que diversas personas candidatas (de la elección judicial) NO se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 38 fracciones V, VI y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del artículo 442 bis, en relación con el numeral 456, numeral 1, inciso c, fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el resolutivo se aclara que si se recibiera alguna denuncia posterior a la aprobación de esta resolución, el INE enviaría el expediente al Tribunal de Disciplina Judicial o a la instancia competente.

Las principales causas de las denuncias fueron por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violencia política contra las mujeres en razón de género y personas deudoras alimenta-rias morosas.

En el primer caso, el INE recibió siete denuncias respecto a la situación de cinco candidatos hombres y dos mujeres.

En un expediente se estableció esa causa, pero en los hechos se relataban conductas distintas; aquí se mencionaron a cinco aspirantes a magistraturas de circuito y dos a juzgadores de distrito.

De violencia política se recibieron seis, relacionadas con tres magistraturas de circuito y dos jueces de distrito; las seis personas señaladas son hombres y uno de ellos (no se menciona el nombre) sí contaba con sentencia firme.

Asimismo, el INE registró ocho denuncias en contra de deudores alimentarios, todos hombres, en candidaturas a la Suprema Corte, a magistrados de circuito y salas regionales y a jueces de distrito.

En lo que respecta a delitos sexuales o contra la intimidad corporal, el instituto reporta cuatro casos, también de hombres.

Por género, 24 de los 27 denunciados son del sexo masculino, lo cual se ajusta a los patrones estructurales de desigualdad de género en el ejercicio del poder político, señala el anteproyecto.

Apunta que “si bien se presentaron dos denuncias contra mujeres, una de ellas fue nombrada en el formulario (de denuncia) como ‘esquizofrénica’”, expresión condenada por el INE por tratarse de estereotipos de género contra las mujeres, en el sentido de no considerarlas aptas para la participación política por su carácter voluble e incontrolable; tampoco para ejercer un cargo por problemas de salud mental.

Al precisar características, en el proyecto se hace referencia a seis folios que incluyen a dos personas denunciadas que no eran candidatas y tres lo eran de renovación del Poder Judicial local.



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