Arturo Sánchez Jiménez
Periódico La Jornada
Lunes 5 de mayo de 2025, p. 4
A pesar de los avances normativos en materia anticorrupción, la operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) continúa comprometida, pues de acuerdo con un informe de la secretaría ejecutiva de esa institución, únicamente siete sistemas estatales contra esa práctica están integrados en su totalidad, lo que impide una coordinación efectiva de las estructuras encargadas de prevenir, detectar y sancionar ese flagelo.
El informe señala que, de los 783 cargos que por ley deben estar cubiertos en los sistemas estatales, 262 aún no han sido designados, lo que equivale a 33 por ciento de los puestos vacantes. Esta omisión afecta los mecanismos de prevención, detección y sanción de las irregularidades administrativas.
Además, el reporte que refleja la situación al 31 de marzo, señala que 32 por ciento de los sistemas estatales cuentan con menos de la mitad de los integrantes requeridos, lo que representa un obstáculo significativo para cumplir con las metas de combate a la corrupción.
Uno de los eslabones más afectados es el de las comisiones de selección, responsables de nombrar a los comités de participación ciudadana (CPC), que representan a la sociedad civil en estos sistemas. El informe señala que 48 por ciento de estas comisiones, cuya designación depende de las legislaturas locales, no han sido conformadas o se encuentran incompletas.
También permanecen pendientes 65 designaciones de integrantes de los CPC (42 por ciento) y 10 secretarías ejecutivas operan sólo con encargados de despacho, lo que limita su capacidad de dar seguimiento técnico a las acciones anticorrupción.
Actualmente, las entidades con sistemas totalmente integrados son Baja California, Coahuila, Durango, estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán. No obstante, el avance es dispar: mientras 31 estados han aprobado sus políticas estatales anticorrupción y 22 cuentan con programas de implementación, sólo 16 los han puesto en marcha, con la colaboración de más de mil instituciones.
Organizaciones civiles, como Mexiro, han exhortado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las legislaturas locales a atender de inmediato esta problemática. Advierten que la omisión en los nombramientos no es un caso aislado, sino una práctica recurrente que debilita los esfuerzos institucionales y ciudadanos.
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