César Arellano y Georgina Saldierna
Periódico La Jornada
Martes 13 de mayo de 2025, p. 6
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, que incluye el cobijo a quienes auxilian a la población en movilidad forzada en México, sólo cubre a uno de cada 10 individuos dedicados a apoyar a la comunidad migrante, de acuerdo con una investigación de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), divulgada en el marco del proyecto regional Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe.
El informe refiere que en México los defensores de causas sociales son blanco de amenazas, extorsiones y agresiones físicas por parte de grupos criminales y autoridades. En 2024, indicó el reporte, se registraron 649 casos de violencia a activistas sociales, con aumento significativo en los primeros meses del año.
La Guardia Nacional, expuso la consultoría, en cinco años acumuló mil 772 quejas de violaciones a las garantías constitucionales, incluyendo casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Codhes, organización de la sociedad civil sin fines de lucro y con carácter consultivo ante la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, señaló que la investigación contó con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo por conducto del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia.
Además, expone que, en general, los defensores de derechos de las personas en movilidad humana forzada en México ejercen su labor en contextos de falta de apoyo y recursos, mientras soportan estigmatización y discriminación, lo cual exige acciones urgentes.
Crisis de movilidad forzada
El director de Codhes, Marco Romero Silva, explicó que es urgente que los estados y la cooperación internacional reconozcan el rol de los defensores como herramientas de refugio en el continente, y para la mitigación de las crisis migratorias, las cuales, se agravarían aún más sin su ayuda.
El informe también apunta que México carece de una política migratoria clara en 2025, y que la respuesta federal se ha centrado en la militarización, con la Guardia Nacional y el INM (Instituto Nacional de Migración) como actores principales, que tienen denuncias por abusos y de colusión con el crimen organizado.
También señaló que el programa estadunidense Quédate en México –que obliga a los solicitantes de asilo a no cruzar la frontera sur de Estados Unidos– y las deportaciones masivas desde aquella nación, con más de 824 mil 18 deportaciones de mexicanos durante el gobierno de Joe Biden, han agravado la crisis.
Además, la Codhes reportó que durante 2024 se registraron 73 desapariciones de personas en movilidad forzada
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