La banca que opera en México es una verdadera sanguijuela: succiona a su clientela con altísimas tasas de interés y decenas de onerosas comisiones por todo; chupa multimillonarias cantidades de fondos de ahorro para el retiro “no reclamados”; jinetea voluminosos recursos de la nación, como el pago de impuestos; no pagó un solo centavo por el “rescate” zedillista (Fobaproa, que cargaron, íntegro, a los mexicanos); durante años logró que el gobierno federal le diera un trato tributario de excepción (léase evasión “legalizada”), que incluía la devolución de cantidades estratosféricas por “razones” fiscales; se hincha de utilidades con dinero ajeno y muchísimo más.
Hasta el cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con los informes oficiales, los bancos siempre aparecieron entre los principales beneficiarios de la “devolución” de impuestos que año tras año autorizaba el gobierno federal, práctica que erosionaba severamente las arcas nacionales, por los multimillonarias cantidades involucradas.
Con la reprivatización salinista (1991-1992) de las instituciones estatizadas (1982) por José López Portillo, la banca dejó de ser parte del país para, sin más, convertirse en dueña del país, y durante el régimen neoliberal gozó de todas las mieles e impunidad que le garantizaba su gerente en turno en Los Pinos.
Lo anterior viene a colación por el descarado jineteo de impuestos federales (como en tantos otros renglones) que olímpicamente practicaba la banca privada que opera en el país. A través de ella, los contribuyentes pagaban puntualmente sus obligaciones fiscales y los barones del dinero tardaban y tardaban en enterarlos a la Tesorería de la Federación para obtener rendimientos (a todas luces ilegales) e incorporarlos a sus haberes.
La presidenta Sheinbaum afirmó que tal práctica “ya se terminó; ya no hay este problema de que jineteaban, sudaban, también se dice así, el dinero y se quedaban con los intereses, ya no”. Ahora, detalló, “lo que se paga de impuestos, lo máximo que tarda en enterarse es al otro día. De todas maneras, pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Algunos bancos ya no participan, lo puedo decir: Banco Azteca (Ricardo Salinas Pliego) ya no participa como parte de la Tesorería, y hay otros que sí” (la mitad de los existentes).
Y para dar idea de esa ilegal práctica de la banca, la mandataria se remitió a la investigación realizada por la Tesorería de la Federación, divulgada en abril de 2024, entonces a cargo de Elvira Concheiro. La Jornada (Jessika Becerra) lo reseñó así:
“La Tesorería de la Federación metió en cintura a los bancos que tiene contratados como auxiliares para recibir el pago de impuestos en las ventanillas de sus sucursales, pues detectó 18 mil incumplimientos al mes en promedio, lo que significa que las contribuciones llegan a destiempo o no se reciben. Cada incumplimiento le cuesta a la Tesorería 903 pesos y el costo promedio por atender los incumplimientos de un mes es de 126 mil 417 pesos, según una revisión reciente a las operaciones de los bancos desde 2016”. Además, los bancos cobraban comisiones.
Entonces, Concheiro detalló: “hemos calculado que hay aproximadamente 18 mil incumplimientos al mes en promedio, un número muy considerable; son millones de operaciones y se tiene que atender cada una de ellas, investigar por qué no se dio la información, por qué no se entregaron los recursos a tiempo o por qué no llegaron. Cuando se comete un incumplimiento importante, la Tesorería multa a los intermediarios bancarios, pero en muchas ocasiones esas multas no se cobran; se les descuenta 70 por ciento si llegan a pagarse. Había un ambiente general muy relajado. Todo era para que los bancos se sintieran muy cómodos haciendo estas operaciones; los términos eran inconvenientes para el erario, en cierta medida abusivos”.
Bien, pero hay que estar a las vivas, porque la banca no deja piedra sin labrar.
Las rebanadas del pastel
Puntual denuncia de Hugo López-Gattel, subsecretario de Salud con AMLO: Mario Delgado, titular de la SEP, hace lo mismo que sus antecesores (la calderonista Josefina Vázquez Mota y el peñanietista Aurelio Nuño), es decir, protege los intereses de las corporaciones de comida y bebida chatarras (Bimbo, Coca-Cola, Pepsi Cola, etcétera) cuyos productos lesivos a la infancia el gobierno pretende erradicar de las escuelas. En su “estrategia” para “lograr la meta”, el funcionario las incluyó. “Traiciona a la 4T”.
X: @cafevega
Deja una respuesta