Los representantes en el Congreso de la Unión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum han tomado su turno para desacreditar la denuncia que he hecho desde el pasado 15 de septiembre por su reprobable destrucción de la democracia mexicana; destrucción que incluye la desaparición del poder judicial profesional e independiente y su sustitución por uno al servicio del Ejecutivo y su partido mediante una farsa de elecciones.
Al igual que sus dirigentes, esos representantes buscan desviar la atención de la ciudadanía de la fundada acusación que he hecho –más recientemente en la revista Letras Libres. Lo hacen mediante calumnias, insultos y amenazas, en lugar de responder a mis argumentos. Para difamar al gobierno que presidí, entre otros temas, insisten en utilizar las acciones tomadas entonces por las autoridades competentes para evitar la quiebra del sistema bancario, el sistema de pagos y la economía nacional. Los nuevos voceros del expresidente y la presidenta no debieran tener dificultad para revisar una vez más dicho rescate pues, como es bien sabido, pero ellos sistemáticamente lo tratan de ignorar, el rescate bancario fue objeto de una auditoría independiente llevada a cabo por un auditor internacional nombrado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión –no por el Ejecutivo. Debe subrayarse que el partido del Ejecutivo ya no contaba con la mayoría en esa Cámara cuando se dispuso y ejecutó dicha auditoría, lo cual debiera disipar cualquier duda respecto a la independencia y profesionalismo del trabajo realizado. Los resultados de esa auditoría fueron oportunamente publicados y quedaron a disposición pública para los efectos correspondientes.
A lo que no ha respondido la presidenta Sheinbaum es a mi propuesta para que, al igual que en el caso del rescate bancario, se nombre un auditor internacional independiente, de impecable reputación profesional, para que se auditen un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador, entre otros: la destrucción del aeropuerto internacional de clase mundial para la Ciudad de México que estaba a medio terminar; la refinería de Dos Bocas; y el tren Maya. La ciudadanía tiene todo el derecho a saber cuánto costaron y qué beneficios se perdieron con esas gravísimas tropelías de López Obrador.
Al ocuparse de la actuación de un gobierno de hace más de un cuarto de siglo, que profusamente ha sido revisado, estudiado, criticado, incluso calumniado –por individuos como López-Obrador– y hasta elogiado por otros, la presidenta trata de distraer la atención ciudadana de los mexicanos para que no se percaten de los daños causados por las obras inútiles y acciones del gobierno anterior. Lo más grave, sin embargo, es la “transformación” de nuestra democracia en un régimen despótico de partido hegemónico, trágico cambio ya inscrito en la Constitución del país mediante un conjunto de fraudes y abusos a la propia Carta Magna. La presidenta Sheinbaum fue electa gracias a la democracia. Su obligación debiera ser defender esa democracia, de ninguna manera contribuir a su destrucción. ~
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